Familiares acusan extorsión y reclutamiento tras desaparición de ingenieros en Concordia

Denuncian cobro de piso y silencio institucional mientras buscan a sus seres queridos

Concordia, Sinaloa. — Familiares de varios ingenieros originarios de Oaxaca denunciaron posibles prácticas de extorsión y reclutamiento forzado luego de que sus parientes desaparecieran mientras trabajaban en la zona de Concordia. Según las declaraciones recabadas por El Imparcial de Oaxaca, las últimas comunicaciones con los desaparecidos apuntan a amenazas y exigencias económicas por parte de grupos armados.

«Nos llamaron y nos pidieron dinero, luego ya no volvimos a saber de ellos», dice una familiar que prefirió omitir su nombre por seguridad. Sus palabras se suman a las de otras familias que coinciden en la versión de cobro de piso y en la sospecha de que los ingenieros fueron retenidos para obligarlos a colaborar en labores técnicas.

Los relatos familiares describen un patrón que especialistas en seguridad han vinculado en el pasado con el modo de operar de grupos criminales en el norte del país: exigir pagos periódicos a trabajadores, ocupar mano de obra especializada bajo coacción y mantener zonas de influencia mediante el miedo. Estas prácticas golpean no solo la economía familiar sino la posibilidad de realizar proyectos públicos y privados sin riesgos.

Ante la situación, las familias buscan respuestas de las autoridades estatales y federales, a las que acusan de una respuesta lenta y fragmentada. «Hemos ido a presentar denuncias, pero la información es poca y no vemos avances», comenta otro pariente. En ausencia de información clara, la incertidumbre y el desgaste emocional se hacen presentes día a día.

El caso abre preguntas sobre la protección de trabajadores que se desplazan entre estados por contratos de obra o mantenimiento, y sobre las medidas que las autoridades deben implementar para prevenir la extorsión y el reclutamiento forzado. Organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad recomiendan protocolos de alerta temprana, acompañamiento legal a las familias y mayor coordinación entre fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República para investigar desapariciones en zonas con presencia delictiva.

Desde un enfoque práctico, lo que piden las familias es sencillo y urgente: localización, atención a víctimas y justicia. Requieren que las autoridades informen con transparencia los avances de las investigaciones, que se habiliten canales seguros para denunciar y que se proteja a quienes se atreven a hablar.

La desaparición de profesionales, más allá del drama personal, tiene consecuencias comunitarias: frena obras, encarece proyectos, y genera una sensación de abandono. La recuperación de la tranquilidad exige acciones concretas del Estado y la participación ciudadana organizada para exigirlas.

En lo inmediato, las familias anuncian marchas y la búsqueda de apoyo de colectivos de afectados por desaparición forzada. Mientras tanto, los testimonios recogidos por El Imparcial de Oaxaca siguen reclamando presencia institucional y verdad.

Qué sigue

Las demandas son claras: que se intensifiquen las búsquedas, que la Fiscalía informe públicamente los avances, y que se proteja a las familias que denuncian. En un país donde la movilidad laboral es cotidiana, garantizar la seguridad de quienes trabajan lejos de su hogar debe ser prioridad pública y comunitaria.

Por El Imparcial de Oaxaca.

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