Profepa detiene extracción ilegal en Tonameca y asegura 1,480 m² del cauce
La dependencia clausuró trabajos que alteraban el lecho del afluente; vecinos piden vigilancia permanente
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró actividades de extracción ilegal de material pétreo en el río Tonameca, donde quedó documentada una afectación de 1,480 m² del cauce del afluente, según el reporte de Quadratín.
La intervención frenó la depredación en una zona que, de seguir explotándose, podría agravar la erosión, alterar el flujo del agua y aumentar el riesgo de desbordamientos en temporada de lluvias. Para muchas comunidades cercanas, el lecho del río no es solo paisaje: es reserva de agua, suelo fértil y barrera natural frente a las crecidas.
Profepa informó que se procedió a la clausura de los trabajos y al aseguramiento del área, además de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. No se han detallado públicamente multas ni la cantidad de maquinaria involucrada, pero la medida busca detener el daño inmediato y preservar la integridad del cauce.
Habitantes de la zona expresaron alivio por la acción, pero advirtieron que el problema va más allá de una sola clausura. «Hace falta vigilancia constante; cuando bajan los ojos, vuelve la extracción», comentó una vecina que pidió mantener el anonimato por temor a represalias. Ese reclamo refleja una realidad habitual: la explotación ilegal responde a cadenas de demanda por material para construcción que operan sin control y afectan el bien común.
El daño a 1,480 m² del cauce puede parecer una cifra, pero equivale a un impacto tangible en la capacidad del río para conducir agua y sostener fauna y flora locales. Desde la perspectiva de políticas públicas, esto plantea preguntas claras: ¿hay monitoreo efectivo de los afluentes? ¿existen acciones preventivas para detener a los extractores antes de que arranquen el lecho del río?
La solución exige coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como la participación de la ciudadanía. Supervisión regular, sanciones disuasorias y canales seguros para que las comunidades denuncien son medidas que deben reforzarse. También es necesario explorar alternativas económicas para quienes extraen material por falta de opciones, de modo que la respuesta no sea solo punitiva sino también socialmente responsable.
Profepa, por su parte, tiene la tarea de dar seguimiento al procedimiento administrativo y supervisar la recuperación del cauce. Mientras tanto, vecinos y organizaciones ambientales podrían impulsar acciones de restauración y vigilancia comunitaria para evitar recurrencias.
La intervención en Tonameca muestra que es posible frenar daños cuando hay acción institucional, pero también recuerda que proteger ríos y reservas naturales es un trabajo permanente que exige transparencia, recursos y la participación activa de la población.
Fuente: Quadratín
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por Oaxaca Quadratin