Cuando la ley se usa por conveniencia: el caso Rocha desnuda la doble moral del oficialismo
Por [Tu nombre], desde Culiacán
La acusación en tribunales de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, puso sobre la mesa una pregunta elemental: ¿la ley protege a todos por igual o solo cuando conviene políticamente?
El doctor Roberto Lara Chagoyán, integrante del Observatorio de la Justicia, advierte que el episodio exhibe las contradicciones del discurso oficialista. «Durante años se desacreditó el Estado de derecho y se tachó el debido proceso de tecnicismo; ahora, cuando toca defender a un aliado o enfrentar una acusación internacional, esos mismos principios se invocan con fervor», dice Lara Chagoyán en entrevista para el Observatorio de la Justicia.
Los documentos judiciales estadounidenses que dieron lugar a la noticia —presentados por autoridades de justicia de Estados Unidos— no solo implican un proceso legal ajeno; también generan efectos políticos y simbólicos en México. Para la ciudadanía, la escena se traduce en desconfianza: cuando la ley parece aparecer y desaparecer según el interés, la sensación de impunidad crece y con ella la desafección hacia las instituciones.
Esta dinámica tiene impactos concretos. En comunidades de Sinaloa, por ejemplo, la incertidumbre sobre el liderazgo estatal afecta desde programas sociales hasta la coordinación en seguridad. Si el político acusado regresa bajo la sombra de señalamientos extranjeros, se abre un periodo de tensión institucional que termina por afectar la entrega de servicios y la gobernanza cotidiana.
El análisis de Roberto Lara Chagoyán, respaldado por el Observatorio de la Justicia, propone varias lecturas: primero, que la defensa selectiva del debido proceso debilita su valor como principio democrático; segundo, que la politización de las investigaciones reduce la autonomía de las instituciones; y tercero, que el señalamiento internacional obliga a revisar prácticas políticas que, hasta ahora, se consideraban intocables.
La solución no es sencilla, pero es clara en su dirección: más transparencia, mecanismos independientes de supervisión y un compromiso público con reglas que se apliquen por igual a todos los servidores públicos. Eso implica fortalecer a las fiscalías y a los órganos autónomos, garantizar acceso a la información y proteger la independencia judicial.
En palabras del Observatorio de la Justicia y expertos como Lara Chagoyán, la ciudadanía debe exigir que la ley deje de ser un recurso táctico y se convierta en un marco permanente. Solo así se recupera la confianza y se protege, de verdad, el interés público.
Contacto: Observatorio de la Justicia; declaraciones de Roberto Lara Chagoyán.
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