Nombramiento de Garduño en la SEP desata señalamientos de protección política
Organizaciones civiles y colectivos de familiares cuestionaron el nombramiento de Garduño en un área de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y advirtieron que la decisión envía “un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas”, en referencia al incendio de la estación migratoria de Juárez ocurrido en marzo de 2023.
En un comunicado recogido por Amnistía Internacional México, distintas agrupaciones señalaron que la designación parece proteger a personas vinculadas a hechos que aún no han sido esclarecidos y que afectan directamente a víctimas y familias que buscan justicia. “No podemos normalizar cargos que implican impunidad”, dijo una representante de uno de los colectivos.
El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez dejó marcas profundas: pérdida de vidas, denuncias sobre condiciones de detención y cuestionamientos sobre la actuación de autoridades. Para las organizaciones, colocar a alguien con esta trayectoria en la SEP —institución encargada, entre otras cosas, de la formación ciudadana— contradice la responsabilidad del Estado de promover la memoria y el respeto a los derechos humanos.
Desde la óptica de los colectivos, la medida tiene un impacto simbólico que trasciende la burocracia. “Cuando las instituciones sitúan a personas cuestionadas en cargos públicos, la señal llega a las escuelas, a las aulas y a las familias: la impunidad toca todos los espacios”, señaló un activista.
La SEP, por su parte, no emitió una respuesta pública inmediata sobre las críticas al nombramiento. Fuentes oficiales consultadas por este diario indicaron que los procesos internos de designación se realizaron conforme a criterios administrativos, pero no ofrecieron detalles sobre las investigaciones pendientes relacionadas con el siniestro de 2023.
Organizaciones y familiares exigieron transparencia: solicitaron acceso pleno a las investigaciones, información sobre el proceso de nombramiento y garantías de que no habrá interferencias políticas en la búsqueda de justicia. También anunciaron que llevarán el caso ante organismos nacionales e internacionales si consideran que las vías internas no dan resultados.
Para la sociedad, este episodio plantea preguntas sobre cómo se toman decisiones en el gobierno y sobre la eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas. Si la respuesta estatal es opaca, dicen los reclamantes, se erosiona la confianza pública y se debilita la posibilidad de aprender lecciones que eviten tragedias futuras.
En los próximos días, las organizaciones convocaron a acciones de exigencia ciudadana y a mantener vigilante la actuación de las instituciones responsables. La solicitud principal es clara: que el interés público por la verdad y la justicia prevalezca sobre cualquier cálculo político.
Este reportaje considera las declaraciones públicas de Amnistía Internacional México y de colectivos de familiares que han seguido el caso del incendio en la estación migratoria de Juárez. La redacción solicitó una versión oficial a la SEP que, hasta la publicación, no había sido recibida.
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