Buscan en el Congreso de Oaxaca tipificar el ecocidio y garantizar reparación ambiental
San Raymundo Jalpan, Oax., a 26 de enero de 2026.-
En la sesión ordinaria de esta semana, el Congreso del Estado de Oaxaca presentó una Iniciativa con Proyecto de decreto para tipificar el delito de ecocidio, una propuesta que, según los promotores, pretende fortalecer el marco jurídico para garantizar justicia ambiental, reparación integral del daño y la preservación del patrimonio natural del estado.
La iniciativa, de acuerdo con información difundida por el Congreso del Estado de Oaxaca, busca reconocer como delito las conductas deliberadas o negligentes que causen daños ambientales graves y de larga duración a ecosistemas, fuentes de agua, suelos y biodiversidad. Sus impulsores sostienen que tipificar el ecocidio permitiría no solo sancionar a responsables, sino ordenar la reparación y la prevención, algo que hoy muchas comunidades reclaman tras afectaciones por actividades extractivas, incendios o contaminación.
Para entender la propuesta: se trata de pasar de una lógica administrativa, en la que muchas sanciones quedan en multas o suspensiones, a una respuesta penal que incluya reparación integral para las poblaciones afectadas. «Es como poner un cinturón de seguridad a la ley ambiental», dijo a este diario un legislador local que participa en la redacción, al explicar que la norma pretende evitar daños irreversibles al patrimonio natural que sostiene la vida y las economías locales.
Contexto nacional e internacional. A nivel internacional, organizaciones como Greenpeace México han impulsado la discusión sobre el ecocidio y la necesidad de mecanismos jurídicos más fuertes para proteger la naturaleza. También hay un debate sobre si el concepto debe incluir daño por omisión o solo actos intencionales, y qué umbrales de gravedad y temporalidad aplicar. En la arena global, la propuesta de reconocer el ecocidio en instrumentos como la Corte Penal Internacional ha tenido avances en visibilidad, aunque aún enfrenta debates técnicos y políticos.
Impacto local. En Oaxaca, estado con alta diversidad biológica y comunidades que dependen de recursos naturales, tipificar el ecocidio podría cambiar la forma en que se investigan y sancionan casos de deforestación masiva, contaminación de ríos por derrames o malas prácticas mineras y proyectos que provocan desplazamientos. Sin embargo, especialistas consultados por este medio advierten que la sola tipificación no basta: se requieren capacidades institucionales para investigar peritajes ambientales, fondos para la reparación y mecanismos de participación comunitaria para dictar restitución justa.
Retos y dudas. Entre los retos está precisar los elementos del tipo penal: cómo probar la relación causa-efecto entre una actividad y el daño ambiental, establecer la responsabilidad de empresas y autoridades, y coordinar la aplicación de la ley con equipos técnicos. También surge la discusión sobre penas proporcionales y medidas restaurativas que prioricen la restitución ecológica y la reparación a comunidades indígenas y campesinas.
Según el Congreso del Estado de Oaxaca, la iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis técnico y jurídico, donde se convocará a expertos, organizaciones civiles y autoridades municipales para enriquecer el texto. La agenda legislativa aún no define tiempos, pero los promotores esperan abrir foros de consulta pública en las próximas semanas.
La iniciativa propone, además, mecanismos de reparación integral que incluyan restauración ecológica, compensación a comunidades afectadas y la creación de fondos para la recuperación ambiental. Esto, indican los legisladores, busca que la justicia no sea solo punitiva sino también restauradora: «No se trata solo de castigar, sino de devolver funciones ecológicas y sostén a las comunidades», señalaron fuentes del Congreso.
Qué pueden esperar las comunidades. Si la ley avanza, los ciudadanos podrían ver cambios concretos: procesos penales por daños ambientales graves, órdenes judiciales para limpiar y remediar áreas afectadas, y mayor exigencia de evaluación y cumplimiento ambiental por parte de proyectos productivos. También aumentará la necesidad de vigilancia ciudadana y capacidades locales para documentar daños y participar en audiencias.
La propuesta abre un debate necesario sobre cómo protegemos el territorio común. Tipificar el ecocidio es un paso ambicioso, pero su eficacia dependerá de la claridad técnica del tipo penal, la voluntad política para investigar casos complejos y la participación de las personas y comunidades que viven la emergencia ambiental en su día a día. Para el seguimiento de este proceso, el Congreso del Estado de Oaxaca anunció que publicará las sesiones y los documentos técnicos que alimenten la discusión.
Como periodista joven en Oaxaca, seguiré el avance de esta iniciativa y recogeré voces de comunidades, especialistas y autoridades para contar qué implicaría realmente en la vida de la gente y del territorio.
Fuente: Congreso del Estado de Oaxaca; contexto y antecedentes consultados con Greenpeace México.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por Agencia Oaxaca