Canasta básica sube hasta 8.1% en un año y aprieta el presupuesto de las familias
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que, durante marzo de 2026, el costo de la canasta alimentaria presentó incrementos anuales que llegaron hasta 8.1%, con alzas sensibles tanto en áreas urbanas como rurales. El documento oficial muestra además que las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos aumentaron 7.9% en el ámbito rural, un indicador que refleja que más hogares ven erosionado su ingreso disponible.
Para muchas familias esto se siente en la rutina: menos compras, buscar marcas más baratas, saltarse algún alimento o alargar las sobremesas. María, madre de dos en la Ciudad de México, cuenta que ahora compra menos fruta y usa más frijol porque “lo que antes alcanzaba para todo, ya no alcanza”. Esa sensación de apretón es la que capturan los números del INEGI.
Los rubros alimentarios que componen la canasta —cereales, lácteos, huevos, leguminosas, frutas y verduras— son los que empujan el aumento. Aunque el reporte no atribuye todas las subidas a una sola causa, especialistas y organizaciones sociales señalan factores combinados: presiones en cadenas de abasto, costos de energía y transporte, volatilidad en mercados internacionales y ajustes en insumos agrícolas.
El impacto no es homogéneo: en zonas rurales, donde la Línea de Pobreza Extrema subió 7.9%, las familias que dependen de ingresos informales o de la venta de productos agrícolas sufren doble golpe cuando los precios internan ciclos de subida. En ciudades, los hogares con salarios bajos ven cómo la inflación de alimentos consume una parte mayor de su ingreso que antes.
Frente a este escenario, organizaciones civiles y activistas sociales piden políticas públicas con enfoque social: ampliar y focalizar apoyos alimentarios, garantizar abasto y precios justos en mercados locales, reforzar programas de compras públicas a pequeños productores y revisar tarifas que afectan el transporte de mercancías. También hay voces que llaman a impulsar la soberanía alimentaria con más apoyo a la agricultura familiar.
Desde una perspectiva institucional, el dato del INEGI obliga a ajustar políticas económicas y sociales para evitar que el aumento de precios entierre avances en salud y educación. Medidas concretas que suelen proponerse son aumentos reales del salario mínimo, subsidios temporales dirigidos a los más vulnerables y esquemas de control y transparencia en la cadena de suministro de alimentos.
En lo inmediato, las familias buscan estrategias domésticas: compras a granel, redes de trueque entre vecinas, y aprovechar programas sociales locales. Pero esas respuestas caseras no sustituyen decisiones públicas que estabilicen precios y protejan el poder adquisitivo.
El aumento de hasta 8.1% en la canasta alimentaria, según INEGI, no es solo una cifra: es una llamada para que autoridades, sociedad civil y comunidades trabajen en conjunto y recuperen el derecho a una alimentación suficiente y digna. La política pública debe traducirse en alivio real en la mesa de las familias.
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