Sin recursos, el nuevo código procesal enfrenta un plazo crítico
Magistrado Díaz Carranza advirtió que, a nueve meses de entrar en vigor, la falta de presupuesto pone en riesgo la puesta en marcha y deja a la justicia cotidiana sujeta a improvisaciones.
Hace nueve meses entró en vigor el Código Nacional en Materia Procesal Civil y Familiar, una reforma que promete agilizar trámites, priorizar audiencias orales y proteger con mayor rapidez a niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la promesa choca con la realidad financiera: no existe el presupuesto etiquetado para su implementación. Así lo señaló el magistrado Díaz Carranza, según informó El Imparcial de Oaxaca.
La falta de recursos tiene efectos concretos y palpables. Capacitación de jueces y personal jurisdiccional, modernización de plataformas digitales para expedientes, adecuación de salas para audiencias orales y mecanismos de notificación electrónica son tareas que requieren inversión inmediata. Si no llegan los fondos, lo que está en juego no es solo un trámite burocrático, sino la garantía de que los procesos familiares y civiles se resuelvan con celeridad y seguridad jurídica.
Para la ciudadanía esto puede significar demoras en divorcios, disputas por custodia, juicios sucesorios y procesos de restitución de derechos. En la práctica, advierte Díaz Carranza, la justicia diaria corre el riesgo de convertirse en una sucesión de improvisaciones: soluciones parche que no responden a la visión integral del nuevo marco legal.
Las autoridades responsables, tanto federales como locales, deben clarificar cuánto falta y en qué plazos se asignarán los recursos. La transparencia en la distribución presupuestal y la publicación de un calendario de implementación permitirían a juzgados, abogados y usuarios planear y exigir cumplimiento. Además, es indispensable que las partidas incluyan fondos para la formación continua del personal y para sistemas electrónicos accesibles para quienes no dominan las tecnologías.
Este es un asunto de política pública con impacto directo en la vida de las familias. No se trata solo de números: se trata de tiempos de espera, de costos económicos y emocionales, y de la confianza en las instituciones. Frente a la incertidumbre, la sociedad civil y los poderes locales pueden exigir respuestas claras y acompañar procesos de evaluación pública para asegurar que el código deje de ser letra sobre papel y se convierta en práctica efectiva.
El Imparcial de Oaxaca informó sobre las advertencias de Díaz Carranza; ahora corresponde a los gobiernos transparentar cifras y plazos para evitar que la reforma se quede a medias y la justicia cotidiana vuelva a depender del ensayo y error.
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