Guelaguetza entre la fiesta y el control del poder en Oaxaca
Columna Política de Apuntes y Despuntes — Misael Sánchez
La Guelaguetza llega cada julio con la misma carga de colores, música y promesas de identidad. Pero más allá del vuelo de las faldas y los sones que se repiten desde las ocho regiones de Oaxaca, la fiesta funciona también como un tablero donde se reorganiza el poder público: quién manda, quién vigila y quién se queda fuera.
En conversación con este diario y en la columna de Apuntes y Despuntes, Misael Sánchez recuerda que la Guelaguetza no es solo un espectáculo cultural, sino un ritual político. El auditorio del Cerro del Fortín se ha convertido en escenario oficial donde gobernantes, autoridades municipales y federales exhiben su capacidad de control: desde la asignación de boletos y palcos hasta la logística de seguridad que delimita el espacio público.
Según reportes de La Jornada y registros del propio gobierno del estado, la temporada atrae a miles de visitantes y genera ingresos esenciales para hoteles, transporte y comercio local. Esa importancia económica explica parte del celo institucional: cada saco de vigilancia, cada revisión de acceso, se vende como garantía de orden y de protección al turismo. Pero esa misma lógica de “seguridad” tiene un costo: acceso restringido para comunidades, cerco para organizaciones sociales y una creciente privatización de espacios que solían ser de uso común.
Organizaciones sociales y colectivos oaxaqueños han insistido en que la Guelaguetza debería ser un espacio que garantice la participación comunitaria y la redistribución de beneficios. En años recientes, grupos han organizado alternativas y acciones paralelas para visibilizar demandas de vivienda, educación y derechos indígenas; la respuesta institucional, en ocasiones, ha sido más control que diálogo.
La metáfora es sencilla: la fiesta es la canción, pero la logística y la seguridad marcan quién canta desde el escenario y quién canta en la plaza. Cuando el poder administra el acceso—boletos, invitaciones, palcos oficiales—también decide qué relatos se celebran y cuáles se silenciarán. Eso no niega la riqueza cultural de la Guelaguetza, pero obliga a preguntar cómo se reparte lo que la fiesta produce.
Para que la Guelaguetza siga siendo patrimonio vivo se requieren políticas públicas claras: transparencia en la distribución de ingresos, mecanismos reales de participación comunitaria y protocolos de seguridad que no reemplacen el diálogo con la fuerza. La Secretaría de Turismo de Oaxaca y la Secretaría de Cultura podrían diseñar convenios con las comunidades para garantizar beneficios directos y controles ciudadanos sobre la organización.
Como periodista joven en Oaxaca veo la fiesta desde dentro y desde la calle: la celebración sostiene identidades y economías, pero también pone en evidencia decisiones de poder. Es posible conservar la solemnidad ritual y, al mismo tiempo, transformar la logística en una oportunidad para la inclusión y la justicia. Esa debería ser la Guelaguetza del futuro: música que une, y una organización que respete a quienes han hecho de esta tierra su memoria.
Fuente: Apuntes y Despuntes (columna de Misael Sánchez), reportes de La Jornada y comunicados oficiales del gobierno del estado de Oaxaca.
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