Gobernadores 4T avalan revocación en 2027 y reclaman instrumentos para influir en sus sucesores

Ciudad de México. Gobernadores afines a la Cuarta Transformación dijeron respaldar la celebración de una nueva revocación de mandato en 2027, pero condicionaron su apoyo a la creación de mecanismos que les permitan garantizar la continuidad de sus proyectos y, en la práctica, incidir en la designación o el equilibrio político de sus futuros sucesores.

La exigencia, planteada en reuniones regionales y en pronunciamientos públicos durante las últimas semanas, apunta a que la consulta no sea solo una foto de aprobación o rechazo, sino una herramienta para proteger programas sociales, obras en curso y la “estabilidad” administrativa en sus estados, según testimonios recogidos por La Jornada y El Universal.

En estados como Guerrero, San Luis Potosí, Quintana Roo y Baja California los mandatarios actuales ya fueron desplazados por Luisa María Alcalde, lo que añade un componente de tensión interna en la alianza del movimiento. Esa dinámica explica en parte la preocupación por asegurar que la sucesión no implique giros abruptos en políticas públicas, afirman funcionarios y operadores políticos consultados por este diario.

¿Qué piden los gobernadores? En palabras sencillas: reglas claras sobre cómo se instrumentará la revocación, plazos que no afecten procesos locales, y filtros políticos (listas, acuerdos con congresos locales o pactos partidistas) que, según ellos, eviten que la alternancia borre de la noche a la mañana programas de salud, empleo y vivienda. Para los críticos, esa idea suena a intento por “amarrar” plazas de poder.

El debate tiene dos lecturas. Desde la perspectiva de los mandatarios, citada por El Universal, la preocupación es legítima: “Si un gobierno deja obras a medias o programas con beneficiarios activos, un cambio abrupto puede perjudicar a la gente”, dijo a este diario un funcionario estatal que pidió no ser identificado. Desde la oposición y expertos en derecho electoral, recogidos por Reforma y El Financiero, la petición equivale a buscar ventajas políticas y a debilitar la autonomía de órganos electorales y poderes locales.

La revocación de mandato es, en su esencia, una consulta ciudadana. Sus defensores la ven como un termómetro de legitimidad. Sus críticos advierten que, sin reglas muy claras, puede convertirse en un mecanismo de presión política. El Instituto Nacional Electoral y otras instancias técnicas tendrán que definir marco, costos y logística; por ahora las autoridades electorales han llamado a cautela y a evitar instrumentar procesos que mezclen claras intenciones de partido con consultas cívicas.

En lo inmediato, el reclamo de los gobernadores abrió varias frentes: los órganos estatales de Morena buscan traducirlo en propuestas legislativas o en acuerdos internos, mientras que el PAN y el PRI ya anunciaron que vigilarán cualquier intento de “captura” de la revocación. Analistas políticos consultados por La Jornada subrayan que, si se concreta, esta demanda obligará a discutir no solo la fecha de la consulta, sino sus reglas de participación, quórum y umbrales de validez.

Para la gente en las calles la discusión suena distante, pero tiene impacto directo. Si la revocación se usa para condicionar transiciones, los ciudadanos podrían ver cambios en servicios públicos, retrasos en proyectos y una política más orientada a conservar apoyos que a atender necesidades. Un ejemplo sencillo: imagínese una clínica en construcción; si la sucesión política quedan atada a arreglos interiores, esa obra puede quedar en manos de negociaciones antes que de transparencia y eficiencia.

El reto ahora es institucional. Como señaló un académico en entrevista con El Financiero, las reglas del juego deben proteger la consulta como acto de la ciudadanía, no como instrumento de partido. Eso requiere mayor claridad del Congreso, del INE y de los congresos estatales. También una sociedad vigilante que pida cuentas y participe.

La discusión seguirá caliente. Los gobernadores de la 4T ya apoyaron la idea de una revocación en 2027; la pelota está ahora en la cancha de las autoridades electorales y del Legislativo. En palabras de una funcionaria estatal citada por La Jornada, “no se trata de evitar la revocación, sino de que sirva para fortalecer los derechos de la gente, no para asegurar cargos”. Ese matiz será clave en los próximos meses.

Este periódico seguirá el tema y recogerá las propuestas formales que presenten gobernadores, partidos y autoridades electorales sobre cómo se organizará la revocación en 2027.

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