Funcionario enfrentará petición de vinculación por muerte de dos niñas haitianas
La Fiscalía solicitó a un juez vincular a proceso a un funcionario por la muerte de dos niñas de origen haitiano que ocurrieron al interior de la Casa Hogar Patos, según información de Quadratín y declaraciones oficiales de la dependencia.
De acuerdo con la carpeta de investigación citada por la Fiscalía, las indagatorias apuntan a posibles responsabilidades tanto penales como administrativas vinculadas a la atención y resguardo de las menores. La petición de vinculación busca que el juez determine si existen elementos suficientes para iniciar un juicio contra el servidor público involucrado.
Las niñas fallecieron dentro del albergue, un hecho que encendió reclamos de familiares y defensores de derechos humanos por la falta de supervisión y las condiciones en que funcionan algunos centros de acogida. Para muchas familias migrantes, estos espacios representan la última red de protección; cuando fallan, las consecuencias son irreparables.
La Fiscalía ha señalado que su actuación se concentra en reunir peritajes, testimonios y registros administrativos que permitan establecer la cadena de responsabilidades. Según Quadratín, entre las pruebas que integran la investigación están informes médicos, bitácoras de ingreso y salida y entrevistas con el personal del centro.
Este caso vuelve a poner en el centro del debate la regulación y fiscalización de casas hogar y centros de atención a la infancia. Expertos en políticas públicas y organizaciones sociales consultadas por este medio han señalado la necesidad de protocolos claros, capacitación permanente al personal y mecanismos de supervisión que involucren a autoridades y a la sociedad civil para evitar que hechos similares se repitan.
La solicitud de vinculación es solo un paso en el proceso judicial. Si el juez admite la petición, el procedimiento seguirá con la etapa de investigación complementaria y, en su caso, el juicio correspondiente. Para las familias de las víctimas y la comunidad haitiana afectada, lo importante es que la investigación avance con rapidez y transparencia.
Más allá de las responsabilidades individuales que pueda determinar el sistema de justicia, este episodio plantea una pregunta política y social: ¿qué garantías reales tienen los niños y niñas migrantes en los centros de acogida? La respuesta exige medidas concretas: inversión en infraestructura, controles independientes, políticas de prevención y participación activa de la sociedad para vigilar el cumplimiento de derechos básicos.
La Fiscalía y las autoridades competentes deben informar periódicamente sobre el avance del caso y abrir canales de comunicación con las familias. Solo así podrá reconstruirse la confianza y construirse una respuesta pública que combine sanción, reparación y cambios estructurales en la atención a la infancia más vulnerable.
Fuente: Fiscalía, Quadratín.
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