Alerta ciudadana: Fiscalía identifica a cinco presuntos infiltrados tras marcha de la CNTE

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que rastrea a cinco personas encapuchadas señaladas por agresiones y daños ocurridos durante la protesta de la CNTE que dejó varios maestros heridos y bienes públicos afectados.

Según la Fiscalía, el señalamiento se basa en el análisis de imágenes, testimonios de asistentes y reportes de daños en la vía pública. Las cinco personas son consideradas presuntos infiltrados, es decir, individuos que, según la investigación inicial, no formarían parte de la marcha organizada, sino que habrían provocado los incidentes.

La protesta, convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, derivó en enfrentamientos que dejaron a docentes con lesiones leves y vehículos y mobiliario urbano dañados. La Fiscalía detalló que la carpeta de investigación sigue abierta y que se valoran más pruebas antes de anunciar medidas legales concretas.

Voceros de la CNTE rechazaron atribuírsele responsabilidad colectiva y exigieron que se sancione a quienes realmente cometieron agresiones, sin criminalizar la protesta social. Para muchas maestras y maestros presentes, la sensación fue la de una jornada empañada por quienes llegaron a provocar: «Una marcha para defender la educación se convirtió en un riesgo por actos aislados», dijo un docente que prefirió no revelar su nombre.

El impacto es doble: por un lado está el derecho a manifestarse; por otro, la necesidad de que las protestas no terminen en violencia ni en pérdidas para la ciudadanía. Como en una reunión en la que uno o dos asistentes arruinan la tarde, la infiltración puede opacar demandas legítimas y dejar heridas físicas y sociales.

La Fiscalía pidió a la ciudadanía aportar pruebas y testimonios —imágenes o datos de quienes estuvieron presentes— para avanzar en la identificación y posible detención de los responsables. Mientras tanto, autoridades y organizaciones civiles coinciden en la urgencia de proteger el derecho a la protesta y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de participantes y transeúntes.

Fuente: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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