Familia de Mencho solicita a la FGR entrega del cuerpo en medio de alarma por amenazas del CJNG
Un clima de pánico y medidas de seguridad marcan las ciudades; una falsa alarma de bomba obligó a desalojar instalaciones del Poder Judicial en la Ciudad de México.
La petición formal de familiares de Nemesio Oseguera Cervantes —conocido como el Mencho— para que la Fiscalía General de la República entregue el cuerpo ha encendido alertas en distintos estados, en un contexto de amenazas de represalias atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación, informó la agencia Reuters y lo reportaron medios nacionales como Milenio.
Según esas fuentes, la solicitud a la FGR llegó después de que autoridades federales confirmaran el aseguramiento del cadáver en un operativo. La Fiscalía, en comunicaciones internas citadas por periodistas, tiene a su cargo la custodia de los restos mientras se realizan peritajes y trámites legales.
El reclamo de la familia no ha sido un trámite administrativo aislado: en varias plazas —especialmente en municipios de Jalisco, Colima y zonas metropolitanas— se ha percibido tensión y miedo. Comercios cerraron temprano, hay movilidad reducida y ciudadanos describen un ambiente parecido al de «una alerta constante», según reportes de Reforma y testimonios recopilados por corresponsales locales.
En la Ciudad de México, el Poder Judicial evacuó un edificio tras recibir una amenaza de bomba que resultó falsa, informó la propia institución. Ese episodio aumentó la sensación de vulnerabilidad: trabajadores judiciales y ciudadanos vieron interrumpidos trámites y audiencias, lo que agrava la percepción de que la violencia afecta espacios públicos e institucionales.
Fuentes oficiales consultadas por Milenio y Reuters señalan que la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han reforzado operativos y coordinación con fuerzas federales y estatales para prevenir actos de violencia. Voceros de la Fiscalía han pedido calma y asegurado que las investigaciones continúan, aunque no han detallado plazos para la entrega del cuerpo a los familiares.
Este episodio plantea dilemas concretos para la vida cotidiana: cómo garantizar seguridad en pueblos y ciudades sin que el miedo paralice la actividad económica y social; cómo compatibilizar el derecho de los familiares a un entierro digno con las necesidades de investigación; y cómo recuperar la confianza en las instituciones encargadas de la justicia, señalan académicos y colectivas ciudadanas citadas por La Jornada.
Organizaciones civiles y redes de justicia transicional han insistido en la necesidad de transparencia. En entrevistas con corresponsales, vecinos afectados pidieron que las autoridades informen con claridad sobre medidas de protección, que se active apoyo psicológico en comunidades afectadas y que se garantice el acceso a la verdad de manera pública y verificable.
En este momento, la situación sigue siendo dinámica: la FGR continúa con peritajes y la comunicación oficial es la vía para confirmar pasos posteriores. Mientras tanto, la vida cotidiana en varias localidades se reajusta a la espera de respuestas claras que permitan a las personas retomar sus rutinas sin miedo.
Reportes de Reuters, Milenio, Reforma y La Jornada fueron consultados para la elaboración de esta nota. Nuestra redacción seguirá de cerca las confirmaciones oficiales de la FGR y los anuncios de las autoridades de seguridad para informar puntualmente sobre cualquier avance.
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