La defensa legal del periodista asesinado sostuvo que el Estado incurrió en graves omisiones al no activar los mecanismos de protección disponibles para prevenir la agresión, al asegurar que la Defensoría del Pueblo no emitió medidas cautelares, una alerta temprana ni presentó una queja institucional antes del crimen.
De acuerdo con una publicación de Qué Pasa Pedro, del periodista Pedro Matías, la representación jurídica afirmó que durante el proceso de investigación quedó establecido que ninguna de estas herramientas de prevención fue utilizada, pese a que existían condiciones que, a su juicio, ameritaban una intervención de las autoridades competentes para proteger al comunicador.
La defensa argumentó que las medidas cautelares y las alertas tempranas forman parte de los mecanismos diseñados para identificar situaciones de riesgo y permitir una respuesta institucional oportuna cuando la vida, la integridad o el ejercicio periodístico se encuentran amenazados. Sin embargo, aseguró que en este caso dichos instrumentos nunca fueron activados.
Asimismo, sostuvo que la ausencia de una queja institucional por parte de la Defensoría refleja una falta de actuación de los organismos encargados de la protección de los derechos humanos, situación que, desde su perspectiva, debe ser considerada dentro del análisis sobre la responsabilidad del Estado en el caso.
Según la información publicada por Qué Pasa Pedro, la defensa insistió en que estas omisiones no pueden analizarse de manera aislada, sino como parte de una cadena de fallas institucionales que habrían impedido la adopción de medidas preventivas para salvaguardar la integridad del periodista antes de que ocurriera el ataque.
El caso ha vuelto a poner en el centro del debate la eficacia de los mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos en México, así como la coordinación entre las instituciones responsables de atender denuncias, evaluar niveles de riesgo y emitir acciones preventivas cuando existen amenazas contra comunicadores.
La defensa mantiene que estos elementos deben formar parte de la valoración integral del caso, al considerar que la prevención constituye una obligación del Estado y que la ausencia de acciones oportunas pudo haber influido en el desenlace de los hechos.