Estados Unidos presiona a la Corte Penal Internacional: qué está en juego para las víctimas de Afganistán y Gaza

Sucedió así: Estados Unidos, que no firmó el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (CPI), llevó en 2020 una ofensiva diplomática y económica contra los jueces y fiscales de la Corte cuando comenzaron pesquisas sobre presuntos crímenes de guerra en Afganistán. Las sanciones, que incluyeron restricciones de visa y bloqueos de activos, apuntaron a la entonces fiscal Fatou Bensouda y a su equipo, según reportó Reuters.

La Administración argumentó que la Corte no tiene jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses y que las investigaciones ponían en riesgo a su personal militar y de inteligencia. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional calificaron la jugada como una presión indebida contra la investigación internacional y advirtieron del efecto silenciante sobre la rendición de cuentas.

En 2021 la Casa Blanca revocó esas sanciones y, desde entonces, la relación entre Washington y La Haya ha sido tensa pero cambiante. Mientras tanto, la CPI amplió su atención a Gaza: en 2021 la Fiscalía reabrió una investigación sobre presuntos crímenes cometidos en los territorios palestinos, lo que volvió a poner a la Corte en el centro de una tormenta política. Para muchos, estos choques no son abstractos: las investigaciones buscan respuestas para víctimas que aún esperan justicia.

¿Por qué nos importa esto en México y en América Latina? Porque la batalla entre grandes potencias y tribunales internacionales define hasta dónde llega la protección de derechos básicos cuando los Estados se declaran fuera de la jurisdicción internacional. Si la presión política logra frenar pesquisas, se reduce la posibilidad de que víctimas de conflictos obtengan reparación y verdad. Si la Corte actúa sin interferencias, se abre la puerta a instrumentos de justicia que ayudan a prevenir la impunidad.

La ecuación tiene ingredientes prácticos: soberanía, seguridad nacional, política exterior y, sobre todo, el derecho de las víctimas a ser escuchadas. No es una discusión entre diplomáticos en abstracto, sino una decisión que afecta la confianza en el sistema internacional para investigar crímenes graves.

De cara al futuro hay tres retos claros. Primero, fortalecer la independencia de los mecanismos de justicia internacional para que las presiones políticas no determinen quién se investiga. Segundo, garantizar que las investigaciones sean transparentes y basadas en pruebas, para mantener su legitimidad. Tercero, ampliar la participación ciudadana: exigir a gobiernos y parlamentos explicaciones claras sobre cómo protegen los derechos humanos frente a intereses estratégicos.

Como periodistas nos toca vigilar y explicar: citar fuentes como Reuters, Human Rights Watch y Amnistía Internacional ayuda a distinguir hechos de narrativa política. Pero también hace falta escuchar a las víctimas, a las organizaciones locales y a expertos en derecho internacional para entender el impacto real en vidas concretas.

Si algo deja claro este pulso entre Washington y la CPI es que la justicia internacional no es un lujo técnico, sino una herramienta que puede dar respuestas a quienes han sufrido lo peor. Defenderla es, en buena medida, defender la posibilidad de memoria, verdad y reparación. Y eso es algo que nos concierne a todos.

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