Medir la deuda: el dignómetro y la cuenta pendiente con las trabajadoras del hogar
En México hay alrededor de 2.3 millones de personas que trabajan en el servicio doméstico y cerca del 90 por ciento son mujeres. Esa cifra, recurrente en registros del INEGI, no solo expresa una realidad numérica; revela una deuda social y laboral que comunidades, colectivas y autoridades intentan visibilizar con herramientas como el llamado dignómetro.
El dignómetro surge como un intento por poner números a lo que muchas trabajadoras viven día a día: salarios bajos, jornadas largas, falta de acceso a seguridad social y, en ocasiones, violencia y abuso sin mecanismos efectivos de denuncia. Según reportes compilados por Quadratín y el periodista Alonso Pérez Avendaño, la primera lectura que ofrece esta medición es clara: las leyes y los derechos existen en el papel, pero su cumplimiento sigue siendo desigual.
¿Qué mide el dignómetro? Más que una evaluación técnica, funciona como un tablero público que revisa el cumplimiento de obligaciones básicas por parte de empleadores y autoridades: registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pago de cotizaciones, contratos claros y acceso a prestaciones mínimas. El objetivo no es solo acusar; es mostrar dónde hay avances, dónde hay retrocesos y qué políticas urgentes hacen falta para transformar esas cifras en dignidad real.
En la práctica, muchas trabajadoras siguen en la informalidad. La ausencia de contratos escritos y la dispersión laboral complican la fiscalización. Además, la carga de trabajo invisible dentro de los hogares y la barrera del cuidado hacen que la formalización no sea solo un trámite, sino un cambio en la relación laboral y en la manera en que la sociedad valora ese trabajo.
Desde una perspectiva constructiva, el diagnóstico del dignómetro apunta a soluciones concretas: campañas de registro y orientación, incentivos fiscales para que los hogares formalicen empleos, protocolos locales de atención a denuncias y programas de seguridad social accesibles para trabajadoras del hogar. Estas propuestas exigieren coordinación entre municipios, la Secretaría del Trabajo y organizaciones civiles.
El cambio tampoco depende solo del Estado. Ciudadanas y ciudadanos pueden jugar un papel activo: informarse sobre derechos laborales, exigir contratos y cotizaciones, y apoyar iniciativas comunitarias que capaciten y empoderen a las trabajadoras. La visibilidad que genera el dignómetro pretende precisamente eso: transformar la indignación en acciones concretas.
Reconocer avances sin caer en triunfalismos es necesario. Ha habido avances normativos y crecientes esfuerzos de organizaciones para acompañar a las trabajadoras, pero la implementación queda corta. Como documenta Quadratín en su cobertura, la cuenta pendiente sigue siendo grande y exige seguimiento ciudadano.
En resumen, medir la deuda con el dignómetro es un paso para que las cifras dejen de ser frías y se conviertan en decisiones públicas. La meta no es solo saber cuántas son las trabajadoras del hogar, sino garantizar que su trabajo tenga condiciones, derechos y reconocimiento. Esa es la cuenta que debemos pagar entre todas y todos.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por Oaxaca Quadratin