Cuando los tribunales quedan vacíos: el riesgo de la reforma judicial
Emiliano Polo, Observatorio de la Justicia
En su último texto, Emiliano Polo, integrante del Observatorio de la Justicia, alerta sobre un efecto poco visible pero profundo de la reforma judicial: no solo se debilitan garantías y procesos, sino que la gente termina dejando de acudir a los tribunales. Es una advertencia con olor a abandono: cuando una institución ya no sirve para resolver conflictos cotidianos, la ciudadanía busca atajos, acuerdos en la calle o sencillamente renuncia a exigir sus derechos.
La preocupación de Polo se apoya en tendencias que ya registran organismos como el INEGI y el propio Observatorio de la Justicia: niveles persistentes de desconfianza en el sistema judicial y una sensación de que los tiempos y costos para acceder a la justicia son prohibitivos. Si las reformas reducen controles, concentran decisiones o recortan garantías procesales, explica Polo, el resultado no será solo técnico; será práctico: menos denuncias, menos demandas laborales, menos víctimas que buscan reparación.
Piensa en una mamá que desiste de denunciar por la burocracia; en un trabajador que prefiere negociar en la informalidad antes que esperar años una resolución; en comunidades que optan por la resolución comunitaria ante la falta de respuesta institucional. Son ejemplos cotidianos que, sumados, vacían al Poder Judicial de su razón de ser.
El riesgo tiene dos frentes. El primero es institucional: pérdida de independencia y calidad técnica, algo que debilita la confianza ciudadana. El segundo es social: la erosión de la vía judicial puede promover la impunidad y la justicia por mano propia. Ambas consecuencias subrayan por qué, más allá del debate jurídico, esta reforma merece una discusión pública amplia y con datos.
No todo es pesimismo. Emiliano Polo y el Observatorio de la Justicia proponen vías concretas: fortalecer mecanismos de transparencia, garantizar selección de jueces por méritos verificables y mejorar atención y accesibilidad para quienes buscan justicia. Son medidas que apuntan a recuperar la confianza más que a imponer recetas.
Como periodista, lo que queda claro es que la reforma debe medirse por su impacto en la vida diaria: si reduce trámites, mejora tiempos y fortalece la independencia, acercará a la gente a los tribunales; si no, los tribunales corren el riesgo de convertirse en edificios llenos pero vacíos de propósito. La decisión, al final, es colectiva: requiere vigilancia ciudadana, datos públicos y diálogo abierto entre sociedad e instituciones.
La invitación de Polo es sencilla y directa: no dejemos que la justicia se deteriore por desuso. Exijamos transparencia, participación y reformas que realmente acerquen la justicia a la gente.
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