El eco del poder: cuando los caprichos personales dictan la política pública
Resulta asombroso cómo, a más de un año de su retiro formal del poder, las decisiones y preferencias del expresidente López Obrador parecen seguir moldeando el panorama político nacional. Un ejemplo claro de esta persistente influencia se manifiesta en las recientes modificaciones a la Ley de Salud, donde la Cámara de Diputados debate la prohibición constitucional de la producción, distribución y comercialización de cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. La facilidad con la que los legisladores parecen dispuestos a aprobar esta medida, sin apenas cuestionarla, evoca una imagen de sumisión que llama la atención.
Nos encontramos ante un gobierno que dedica esfuerzos considerables a temas que, para muchos ciudadanos, parecen tener poca trascendencia. Surge la pregunta: ¿es esta urgencia por regular los vapeadores una genuina preocupación por la salud pública, o se trata simplemente de la materialización de un rechazo personal del expresidente, motivado por ver a su propio hijo utilizarlos? Si bien la intención de proteger la salud de los jóvenes es loable, la forma en que se traduce en políticas públicas, y la aparente obediencia del Congreso, levantan interrogantes sobre la verdadera motivación y la legitimidad del proceso.
No es descabellado considerar la posibilidad de que las prohibiciones emitidas en 2020 y 2022, que restringieron la circulación y venta de estos productos, hayan tenido un efecto no deseado: el fortalecimiento del mercado negro. Cada vez que el Estado prohíbe una actividad, inevitablemente amplía el catálogo de opciones para el crimen organizado, quienes ven en la ilegalidad una oportunidad de negocio. En lugar de erradicar un problema, podríamos estar alimentando otro.
Mientras se enfoca la energía legislativa en los vapeadores, es inquietante observar que otros flagelos que realmente aquejan a la sociedad mexicana parecen quedar relegados. La alarmante cifra de personas desaparecidas, la creciente inseguridad en las carreteras que ha derivado en bloqueos a nivel nacional, y la sangrienta ola de homicidios dolosos, son realidades que pintan un panorama de profunda incertidumbre. Es importante recordar que en países como El Salvador, el presidente Nayib Bukele logró reducir drásticamente este tipo de muertes en tan solo dos años, demostrando que la erradicación de la violencia extrema es posible. Sin embargo, en México, estos problemas parecen diluirse ante la urgencia de atender, para algunos, un asunto de índole más personal.
El debate sobre los vapeadores se centra, entonces, en asegurar que el hijo del expresidente no pueda acceder a ellos, o que su salud no se vea comprometida. Esta interpretación, aunque pueda sonar drástica, encuentra un sustento en la definición misma de despotismo.
La diputada federal del partido naranja, Iraís Reyes, ha sido una voz crítica ante esta legislación. Durante la discusión en la Cámara Baja, señaló lo que muchos consideran un despropósito: «Es absurdo que se contemple una pena de 1 a 8 años por un vapeador, cuando hay penas menores por delitos graves como golpear a una mujer, exhibir fotos íntimas, o portar un arma prohibida. Se está penalizando más un vapeador que drogas como la heroína o la cocaína». Sus palabras ponen de manifiesto una profunda distorsión en las prioridades legislativas, donde se pondera un dispositivo de uso personal por encima de delitos que atentan directamente contra la integridad y la vida de las personas.
Si bien los diputados han intentado matizar la polémica asegurando que el consumo personal solo acarreará multas, la posibilidad de arrestos sigue latente. En este escenario, nuestros políticos parecen estar más ocupados en resolver «sus problemas torales», aquellos que se alinean con los intereses o las aversiones de quienes ejercieron el poder, en lugar de abordar las problemáticas que realmente lastiman a la sociedad.
¿Qué es el despotismo?
El despotismo se define como el ejercicio del poder concentrado en una sola persona, el déspota. El influyente pensador francés Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, en su obra «El espíritu de las leyes» (1748), diagnosticaba el despotismo como un sistema donde «uno solo gobierna, sin ley ni regla, pues gobierna el soberano según su voluntad y sus caprichos». El déspota, según esta visión, ejerce un poder ilimitado, arbitrario y abusivo, tratando a los gobernados como súbditos o meros objetos, despojándolos de su calidad de ciudadanos con derechos.
Lo más preocupante en el caso que nos ocupa es que el despotismo parece extenderse más allá del ejercicio directo del poder. Cuando un antecesor, ya sin la investidura formal, sigue dictando su voluntad e imponiendo sus caprichos, la línea entre el gobierno democrático y el poder personalista se desdibuja peligrosamente. Es en estos momentos cuando la influencia personal se confunde con la política de Estado, y las decisiones que deberían beneficiar a la mayoría se ven supeditadas a los intereses o las antipatías de unos pocos.
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