Delcy Rodríguez defiende comercio petrolero con EE. UU. pese a la ‘mancha’ por la captura de Maduro
Caracas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez negó que los lazos económicos con Estados Unidos sean una anomalía para Venezuela, aun cuando el Gobierno carga con «la mancha» de las acusaciones y la orden de captura contra Nicolás Maduro en tribunales estadounidenses. Rodríguez aseguró que el país «no está en guerra» y calificó de agresión el reciente ataque militar de Estados Unidos, pero subrayó que mantener acuerdos comerciales con Washington «no es extraordinario ni irregular», según reportes de Reuters y la Associated Press.
La intervención de Rodríguez llega en un momento de tensión política y pragmatismo económico. Desde 2020 Washington ha impulsado sanciones y presentó cargos contra altos funcionarios venezolanos, algo que medios como Reuters han descrito como un punto de fricción constante entre ambas capitales. Aun así, en los últimos años ha habido espacios de negociación sobre cuestiones energéticas: fuentes consultadas por Bloomberg y Reuters registraron conversaciones puntuales entre actores petroleros y la administración estadounidense para aliviar fricciones comerciales sin levantar sanciones de fondo.
Para entender por qué Caracas insiste en abrir canales petroleros con EE. UU. basta con mirar la realidad cotidiana. El petróleo sigue siendo la principal fuente de divisas del país y los ingresos se traducen en importaciones de medicinas, repuestos y programas sociales. «Es como darle combustible a un motor que hace mover hospitales, escuelas y transporte», dice un economista consultado por El País, que pide cautela pero reconoce la lógica pragmática de la estrategia.
No faltan las voces críticas. Sectores de la oposición y analistas independientes señalan una contradicción: negociar con un socio que mantiene acusaciones penales contra la cúpula chavista puede enviar señales mixtas y debilitar la presión internacional por el respeto a la justicia y los derechos humanos. Organizaciones y medios internacionales, entre ellos la Associated Press, han documentado la preocupación sobre impunidad y el riesgo de normalizar relaciones sin avances políticos.
El Gobierno, en voz de Rodríguez, apuesta por separar la política de seguridad y las medidas judiciales desde Estados Unidos de la necesidad de arreglos económicos que beneficien a la población. «No es extraño que dos países con tensiones mantengan relaciones comerciales cuando hay interés mutuo», afirmó la vicepresidenta, según Reuters. Esa postura cuenta además con defensores dentro del sector privado petrolero, que buscan mayor estabilidad para atraer inversión y reactivar plantas y refinerías deterioradas.
Las consecuencias prácticas son mixtas. Un restablecimiento ordenado del comercio petrolero podría aliviar la escasez de divisas y bajar el costo de insumos básicos, pero también dependerá de garantías jurídicas, mecanismos de transparencia y supervisión que den confianza a empresas y a la ciudadanía. Sin esas salvaguardas, advierten expertos citados por El País, el alivio sería temporal y vulnerable a nuevos choques políticos.
En el terreno diplomático, Washington ha mostrado disposición a autorizar excepciones y licencias puntuales a empresas como Chevron en años recientes, un dato registrado por Reuters y Bloomberg, pero las sanciones mayores y las acusaciones judiciales siguen vigentes y complican un abrazo comercial pleno. La pregunta que queda sobre la mesa es cómo equilibrar la búsqueda de ingresos urgentes con las demandas de justicia y rendición de cuentas que reclaman amplios sectores de la sociedad.
Para la ciudadanía, lo esencial es ver cambios concretos en su día a día: medicinas en las farmacias, luz estable, transporte funcional y salarios que alcancen. Si el comercio petrolero con EE. UU. ayuda a eso, la opinión pública puede inclinarse hacia la práctica. Si se percibe como un gesto que solo beneficia a élites o que blanquea irregularidades, la reacción será negativa.
El caso seguirá siendo vigilado por medios como Reuters, Associated Press y El País, y por organismos civiles que exigen transparencia. La apuesta del Gobierno es clara: priorizar los ingresos petroleros sin renunciar a reprochar lo que considera agresiones externas. El desafío será traducir esa estrategia en resultados tangibles y verificables para los más afectados por la crisis.
Fuentes: Reuters, Associated Press, El País, Bloomberg.
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