Congreso del Estado aprueba reforma para incorporar la pensión compensatoria en el Código Familiar
San Raymundo Jalpan, Oax., a 23 de diciembre.
El Congreso del Estado aprobó este martes una reforma al Código Familiar para incorporar la figura de la pensión compensatoria, una herramienta pensada para reparar el desequilibrio económico y patrimonial que enfrentan las personas, sobre todo mujeres, que se dedicaron de manera preponderante a las tareas del hogar y al cuidado durante el matrimonio o la unión libre. La votación tuvo lugar en San Raymundo Jalpan y el dictamen fue presentado por la Comisión de Justicia del Poder Legislativo local, según informó el propio Congreso del Estado.
La medida busca reconocer que el trabajo doméstico no remunerado genera una pérdida de oportunidades laborales y de acumulación patrimonial. En palabras sencillas, pretende que quien salió del mercado laboral para cuidar a hijas, hijos o familiares no quede desprotegida cuando termina la relación afectiva.
Qué establece la reforma
El dictamen aprobado incorpora un capítulo sobre pensión compensatoria en el Código Familiar. Entre los principios y criterios que señala el texto se encuentran:
- Reconocimiento del desequilibrio económico como daño a reparar cuando una persona dedicó de forma preponderante al hogar y al cuidado.
- Valoración de elementos como la duración de la unión, la edad y estado de salud de la persona beneficiaria, las aportaciones al patrimonio familiar y la capacidad económica del obligado.
- La pensión podrá ser temporal o de carácter definitivo, según lo determine la autoridad judicial con base en las circunstancias del caso.
- Se encomienda al Poder Judicial local y a las instancias administrativas pertinentes precisar montos, procedimientos de ejecución y criterios técnicos para la cuantificación.
Estos puntos fueron consultados en el texto del dictamen entregado al pleno, según explicaron diputados asistentes a la sesión y la documentación del Congreso del Estado.
Por qué importa: datos y contexto
El problema que la reforma intenta corregir no es abstracto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, ha documentado que las mujeres dedican sistemáticamente más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres, lo que restringe su acceso a empleos formales, cotizaciones y recursos para el retiro. A su vez, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, registra que los hogares encabezados por mujeres son más vulnerables a caer en pobreza.
En términos prácticos, eso se traduce en que muchas mujeres mayores o que se separan enfrentan una caída brusca en su nivel de vida, sin ahorros, pensión o propiedad sobre bienes que puedan garantizar su subsistencia. La pensión compensatoria aspira a ser un mecanismo para amortiguar ese golpe.
Reacciones
Organizaciones feministas y colectivos que defienden los derechos de las mujeres celebraron la aprobación. “Es un reconocimiento jurídico de un daño real que antes quedaba invisibilizado”, dijo María Hernández, abogada especializada en derecho de familia, en entrevista con este medio. Hernández añadió que la clave será la aplicación judicial, porque el derecho existe solo si puede hacerse efectivo.
Al mismo tiempo, voces desde el ámbito jurídico y empresarial solicitaron claridad sobre la manera de calcular montos y el impacto económico para las familias y el sistema judicial. Algunos magistrados consultados de forma preliminar alertaron sobre la necesidad de capacitar jueces y personal administrativo para valorar correctamente las aportaciones no monetarias al patrimonio común.
Un ejemplo cotidiano
Para entenderlo mejor, imagínese una pareja que convivió 25 años. Ella dejó su empleo para atender a los hijos y la casa, y él se dedicó al trabajo remunerado. Al separarse, ella enfrenta pocas opciones para reinsertarse laboralmente y no tiene ahorros ni acceso a una pensión. La pensión compensatoria funcionaría como una ayuda económica proporcional al desbalance generado por esas decisiones compartidas, hasta que pueda sostenerse por sus propios medios o en términos que la autoridad determine.
Retos y preguntas abiertas
- Cómo se cuantificará el trabajo doméstico y de cuidados: la ley fija criterios, pero la práctica requiere peritajes y protocolos claros.
- Qué mecanismos de ejecución habrá si la persona obligada no paga: la eficacia dependerá de procedimientos de embargo y seguimiento.
- Si la reforma alcanzará a mujeres en situaciones de informalidad o en contextos rurales con poco acceso a justicia: se necesitarán campañas de información y asesoría legal gratuita.
Qué sigue
Con la aprobación en el pleno, el siguiente paso es la publicación del decreto para entrar en vigor y la elaboración de reglamentos y protocolos por parte del Poder Judicial y las autoridades administrativas. El Congreso del Estado anunció que habrá talleres y mesas de trabajo con sociedades civiles, juzgados y universidades para afinar criterios de aplicación.
Cómo afecta a la ciudadanía
La reforma crea una vía legal para que personas que han perdido oportunidades económicas por cuidar a otros puedan reclamar una compensación. Sin embargo, su impacto real dependerá de la información, el acceso a asesoría legal y la capacidad del sistema judicial para ejecutar las resoluciones. Para quienes creen que pueden ser beneficiarios, es recomendable acudir a instancias de asesoría jurídica pública o a colectivos locales que ofrecen orientación en materia de familia y derechos humanos.
Fuentes consultadas
| Fuente | Qué aporta |
|---|---|
| Congreso del Estado de Oaxaca | Texto del dictamen aprobado y acta de la sesión plenaria en San Raymundo Jalpan. |
| INEGI | Datos sobre la distribución del trabajo doméstico y de cuidados entre mujeres y hombres. |
| CONEVAL | Información sobre pobreza y vulnerabilidad de hogares encabezados por mujeres. |
| Entrevista con María Hernández, abogada especializada en derecho de familia | Análisis sobre implementación judicial y retos prácticos. |
La reforma representa un paso concreto hacia la justicia económica por trabajos invisibles. Su éxito dependerá de cómo se traduzcan los principios aprobados en procedimientos claros y accesibles para quienes más lo necesitan. La ley abre la puerta; ahora toca a autoridades, juzgados y sociedad definir cómo se recorre el camino.
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