Proponen blindaje constitucional para proteger a periodistas en Oaxaca
La libertad de expresión está reconocida, pero no basta: periodistas oaxaqueños piden garantías reales en la nueva Carta Magna del estado.
La hipótesis es incómoda pero inevitable: en Oaxaca la palabra ha avanzado más rápido que la protección de quienes la ejercen. La Constitución local ya reconoce la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de imprenta, pero en la práctica muchos reporteros enfrentan riesgos sin respaldo material ni procesos claros para su seguridad y acceso a la justicia.
Según Artículo 19, Oaxaca figura entre las entidades con mayor número de agresiones a comunicadores en la última década. El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reporta además que las medidas preventivas y de acompañamiento no siempre llegan con rapidez ni cubren a quienes trabajan en zonas rurales o en medios comunitarios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado vacíos en la atención y la necesidad de coordinar esfuerzos entre autoridades federales, estatales y municipales.
Un periodista consultado en la región de la Cañada, que pidió no ser identificado, resume el sentir: «La Constitución nos da la voz, pero cuando la voz se vuelve riesgo no hay quien nos proteja. Necesitamos que esa protección esté escrita y que no dependa de buenas voluntades».
Las propuestas que hoy plantean comunicadores, colectivos y organizaciones civiles van más allá de enunciados. Entre las demandas destacan: reconocimiento explícito del ejercicio periodístico como actividad de interés público; presupuesto estatal para medidas de protección y formación en seguridad; protocolos de prevención y atención adaptados a contextos rurales e indígenas; y mecanismos ágiles para denunciar agresiones y garantizar acceso a la justicia.
En términos prácticos, pedir que la nueva Constitución incluya estos puntos equivale a diseñar un «chaleco legal»: no evita los ataques por sí solo, pero obliga al Estado a ofrecer recursos, coordinación y responsabilidad cuando la integridad de un periodista está en juego. También implica cuidar la pluralidad: proteger por igual a periodistas de medios locales, comunitarios, indígenas y mujeres periodistas, que enfrentan riesgos específicos, como violencia de género y estigmatización.
La discusión llega en un momento clave: la elaboración de la nueva Carta Magna estatal debe considerar no solo derechos abstractos sino mecanismos concretos de cumplimiento. Las voces consultadas por este medio apuntan a combinar reformas constitucionales con políticas públicas: fortalecer al Mecanismo, capacitar a cuerpos de seguridad, ampliar el acceso a medidas preventivas y garantizar protección laboral para la prensa independiente.
Proteger al periodismo no es privilegio, es inversión en democracia. Si la nueva Constitución de Oaxaca aspira a ser un instrumento de justicia y bienestar, tendrá que incluir disposiciones que traduzcan la libertad de expresión en seguridad material y acceso real a la justicia. Ese es el llamado que hacen organizaciones como Artículo 19, el Mecanismo y colectivos locales, y que la sociedad debe exigir a los constituyentes.
La próxima pregunta es quién asumirá esa responsabilidad y cómo se convertirá en ley práctica. La respuesta dependerá, en buena medida, de la presión ciudadana y de la voluntad de quienes redacten la nueva Constitución para transformar garantías formales en protección real.
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