Internet y móviles crecen en méxico: qué cambia para las familias
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, publicó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2025 y confirma una tendencia clara: más personas en México tienen acceso a internet, teléfono móvil y dispositivos inteligentes. El dato no es neutral, cambia rutinas, posibilidades y también revela desafíos que requieren decisiones públicas concretas.
Para entender por qué importa, piense en una familia que ahora puede buscar trabajo, hacer trámites o ayudar a los hijos con la escuela desde el teléfono. Ese acceso amplía opciones, pero no las garantiza por igual. INEGI muestra que el crecimiento es sostenido y que el smartphone se ha convertido en la puerta de entrada a servicios básicos digitales, desde salud hasta educación. Al mismo tiempo persisten brechas por territorio, edad y nivel educativo que hacen que el crecimiento no llegue con la misma fuerza a comunidades rurales y a personas mayores.
¿Qué cambia en la vida cotidiana? Primero, la comunicación y el comercio local: negocios pequeños usan redes sociales para vender y familias compran en línea productos y servicios que antes no tenían al alcance. Segundo, el acceso a servicios públicos: trámites y citas médicas empiezan a migrar al entorno digital, lo que hace urgente garantizar accesibilidad y alfabetización digital. Tercero, la educación: la conectividad no sustituye a una escuela, pero sí puede complementar la enseñanza si hay contenidos de calidad y acompañamiento.
Los retos son claros en los datos del INEGI. La brecha entre zonas urbanas y rurales sigue siendo un problema. También hay diferencias por ingreso y edad: jóvenes y adultos jóvenes adoptan más rápido las tecnologías, mientras que personas mayores enfrentan barreras de uso y confianza. Además la calidad de la conexión y el costo del servicio siguen siendo obstáculos para muchas familias.
De políticas públicas hay lecciones concretas. Invertir en infraestructura de banda ancha en las regiones con menos cobertura, regular precios para evitar cargos excesivos y promover programas de alfabetización digital en escuelas y centros comunitarios son medidas que tienen impacto directo en la vida diaria. Las iniciativas públicas que priorizan la educación, la salud y la inclusión digital amplían oportunidades y contribuyen a la justicia social, por eso es importante que el diseño y la ejecución de estas políticas cuenten con participación ciudadana y evaluación independiente.
En barrios y pueblos hay historias que ilustran el cambio. María, madre y comerciante en un municipio de Oaxaca, cuenta que vender por redes le permitió aumentar ventas y mantener a su familia durante meses difíciles, pero también señala que cuando falla la conexión se queda sin herramienta de trabajo. Esa dependencia creciente exige servicios más estables y políticas que protejan a usuarias y usuarios.
¿Qué pueden hacer las personas ahora mismo? Informarse sobre sus derechos como usuarias, comparar planes y exigir transparencia en contratos. En lo colectivo, apoyar y participar en iniciativas locales de capacitación digital ayuda a cerrar brechas.
INEGI ofrece la radiografía, pero la respuesta requiere decisión política y trabajo comunitario. Aplaudir el crecimiento sin apuntar los vacíos sería un error. Hoy el reto es convertir el acceso en oportunidad real para todas y todos, con mejores redes, menores costos, formación y protección de datos personales. Ese es el cambio que muchos esperan y que depende tanto de políticas públicas como de la participación ciudadana.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2025.
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