En 2025 fueron asesinados 12 policías en Oaxaca
Durante el reconocimiento a uniformados de la capital, autoridades y familiares exigieron mayor protección y justicia para los agentes
Oaxaca.— El año 2025 cerró con un saldo doloroso para las corporaciones de seguridad del estado: 12 policías asesinados, según registros de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y reportes periodísticos locales como El Imparcial de Oaxaca. Esa cifra pone en evidencia los riesgos persistentes para quienes patrullan las calles y obliga a revisar las estrategias de prevención y atención a las víctimas y sus familias.
En la ceremonia de reconocimiento a uniformados de la capital, organizada por la Secretaría de Seguridad Pública municipal, se recordó a los agentes caídos y se escucharon solicitudes claras: mejores condiciones laborales, acceso a apoyos médicos y psicológicos, así como mayor coordinación con la Fiscalía para esclarecer los ataques. Familiares presentes pidieron no dejar pasar el olvido.
Los homicidios contra policías no solo son estadísticas. Afectan hogares, desestabilizan equipos de trabajo y reducen la confianza ciudadana. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca ha señalado en comunicados pasados la necesidad de políticas que prioricen la protección efectiva del personal de seguridad y la investigación expedita de los hechos. Asimismo, organizaciones civiles han apuntado la urgencia de atender las causas de fondo: violencia ligada al crimen organizado, ausencia de oportunidades y fallas en el tejido social.
Ante este panorama, especialistas consultados por este diario plantean medidas concretas. Primero, mejorar los esquemas de inteligencia y de intercambio de información entre municipios y la Fiscalía para anticipar riesgos. Segundo, profesionalizar y dignificar la labor policial con salarios justos, atención médica y programas de salud mental constantes. Tercero, fortalecer la investigación criminal para que los ataques no queden en la impunidad y las familias reciban reparación.
La agenda pública también exige una mirada amplia: inversión social en las comunidades más vulnerables, programas educativos y laborales que reduzcan la necesidad de incorporar jóvenes a redes delictivas, y políticas de prevención de violencia con enfoque de derechos humanos. Estas acciones no son contradictorias; son complementarias y necesarias para bajar el nivel de riesgo que enfrentan los servidores públicos.
La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública deben informar con mayor detalle y transparencia sobre cada caso, sin revictimizar a las familias. El acceso a la verdad y a la justicia no solo sirve para sancionar responsables, también es un paso para reconstruir la paz local.
La sociedad tiene un papel: exigir rendición de cuentas, apoyar iniciativas de atención a víctimas y participar en propuestas de prevención comunitaria. Como señala El Imparcial de Oaxaca en sus coberturas, la memoria de quienes murieron en servicio exige no solo palabras, sino resultados.
La cifra de 12 policías asesinados en 2025 es una llamada de alerta. Reconocer a los uniformados en su día debe traducirse en políticas públicas sostenibles que protejan vidas, fortalezcan instituciones y reparen daños. No hay seguridad sin justicia ni justicia sin corresponsabilidad social.
Fuentes: Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca y El Imparcial de Oaxaca.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El Imparcial.