Extorsión reduce hasta 5% el valor del aguacate antes del Super Bowl, pide ANPEC
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advierte que el crimen organizado erosiona la cadena productiva y propone incluir la exportación de aguacate en la estrategia nacional contra la extorsión.
La ANPEC reportó que las extorsiones y cobros ilegales en rutas, centros de acopio y transporte han provocado una pérdida de hasta 5% del valor del aguacate antes de que llegue a los anaqueles y a los pedidos vinculados al Super Bowl. Esa merma no solo afecta a grandes exportadores, sino a pequeños productores, transportistas y tianguis que viven al día.
El impacto es doble: por un lado, el costo adicional que imponen las bandas se come márgenes en el eslabón productivo; por otro, reduce la oferta efectiva y obliga a comerciantes a ajustar precios o dejar de vender en determinadas rutas. En palabras de la ANPEC, la violencia y la extorsión se han vuelto una «tarifa oculta» que distorsiona precios y cadenas de comercio.
El Super Bowl es un termómetro de demanda: el consumo de guacamole y aguacate sube notablemente, lo que suele impulsar ventas y exportaciones. Sin embargo, cuando la mercancía se enfrenta a cobros ilegales, la ventaja económica se diluye y el beneficio no llega a quien cultiva. Para muchos productores de estados como Michoacán, la incertidumbre en las carreteras es un golpe directo al sustento familiar.
La ANPEC pidió al gobierno federal que la exportación de aguacate sea incluida de manera expresa en la estrategia nacional contra la extorsión, con acciones concretas: protección de corredores de transporte, mecanismos de denuncia efectivos, acompañamiento a pequeños comerciantes y seguros públicos para pérdidas por violencia. También plantea mayor coordinación entre autoridades y sector privado para trazar rutas seguras y controles que no frenen la exportación legítima.
Incluir al aguacate en esa estrategia no es sólo proteger un producto agrícola; es defender empleos, ingresos rurales y la posibilidad de que los beneficios del comercio lleguen a comunidades. Si no se actúa, la extorsión seguirá funcionando como un impuesto informal que perjudica a quienes menos tienen.
La petición de la ANPEC abre una ventana para discutir medidas concretas. Es momento de exigir transparencia en la política pública, impulsar vigilancia en los puntos críticos y apoyar a pequeños productores para que la temporada fuerte no termine en pérdida para ellos, sino en oportunidades para sus familias y comercios locales.
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