Sin cifras ni control, las drogas avanzan dentro de las escuelas
Carecen de estadísticas sobre uso, tipo de consumo y venta de enervantes; padres y docentes alertan mientras autoridades no consolidan datos.
La presencia de drogas en escuelas públicas y privadas se ha convertido en un problema que crece en silencio. Según reportes de El Imparcial de Oaxaca, no existen estadísticas claras ni desagregadas que permitan medir el alcance real del consumo, los tipos de sustancias más difundidas o los puntos de venta cercanos a los planteles.
Docentes y madres y padres de familia consultados describen escenas cotidianas: alumnos que llegan con cambios de actitud, pequeños grupos que venden dosis a la salida de la escuela y rumores que se vuelven certeza en las aulas. Una maestra del nivel secundaria, que pidió mantener su nombre en reserva, dijo que la atención suele limitarse a amonestaciones internas cuando hace falta una intervención de salud pública y seguridad comunitaria.
En el plano oficial, las cifras nacionales existen en encuestas como la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) del INEGI, que muestra tendencias de consumo en jóvenes. Sin embargo, esas mediciones no siempre se traducen en estadísticas locales útiles para directoras, supervisores escolares o padres. En muchos estados no hay registros públicos sobre incidentes por plantel ni protocolos uniformes para prevención, detección y atención.
La ausencia de datos obliga a decisiones a oscuras: recursos que no se orientan a donde más se necesitan, programas de prevención que llegan tarde o no se adaptan al tipo de consumo real y una sensación de abandono entre la comunidad escolar. Es como apagar fuegos sin saber dónde empezó el incendio.
Expertos en salud pública consultados por este diario señalan que la respuesta debe ser doble: por un lado, mejorar la vigilancia epidemiológica con información desagregada por edad, grado y municipio; por el otro, fortalecer la intervención a nivel escolar con capacitación para docentes, protocolos claros y acceso a servicios de salud mental y adicción.
Algunas propuestas concretas que ya se discuten en foros académicos incluyen la creación de observatorios locales que integren datos de salud, educación y seguridad; campañas de prevención co-diseñadas con jóvenes; y líneas de atención que garanticen confidencialidad para estudiantes. La experiencia de programas comunitarios en otras entidades muestra que la prevención temprana y la participación de padres producen resultados visibles.
La responsabilidad no recae solo en las autoridades educativas. Padres, maestras y maestros, asociaciones civiles y personal de salud deben colaborar en la detección temprana y en la construcción de entornos escolares seguros. La transparencia en los números es el primer paso para diseñar políticas públicas que funcionen en la vida cotidiana de las familias.
Como apuntó una madre entrevistada, “no queremos solo alarmas, queremos saber qué pasa aquí para proteger a nuestros hijos”. Esa demanda de información y acción es la que urge convertir en políticas claras y medibles.
El Imparcial de Oaxaca documenta la preocupación local; corresponde ahora a autoridades estatales y federales dar respuesta con datos, coordinación y programas que no se queden en la retórica. Sin cifras ni control, la ruta se vuelve impredecible y el riesgo, colectivo.
Reporta: [Nombre del redactor], desde Oaxaca.
