Vadhir Derbez acusa intento de venta de su carpeta y denuncia prácticas de extorsión
El actor aseguró que personal ministerial buscó comercializar información del caso; descalificó las publicaciones del periodista Carlos Jiménez
Vadhir Derbez responsabilizó a personal ministerial de intentar vender su expediente a programas de entretenimiento y calificó esas acciones como un intento de extorsión que afecta su derecho a un proceso justo. La acusación, hecha por el actor en sus redes sociales, abre otra arista en un caso que ya ha sido objeto de atención mediática y debate público.
Según lo señalado por Vadhir, miembros de la carpeta de investigación habrían ofrecido detalles del expediente a espacios televisivos a cambio de dinero o beneficios. El actor aseguró que esta práctica no solo busca lucrar con su situación personal, sino también influir en la narrativa pública y en la percepción del caso.
Vadhir también descalificó las publicaciones del periodista Carlos Jiménez relacionadas con su situación, y pidió a la sociedad y a las autoridades distinguir entre información verificada y especulación. Carlos Jiménez, conocido por su cobertura de nota roja y policial, publicó abordajes sobre el asunto que, según el actor, contienen imprecisiones y generan un clima de juicio adelantado.
La comercialización de carpetas de investigación es un problema que golpea la confianza en las instituciones: cuando la información reservada se convierte en mercancía, la posibilidad de un juicio imparcial y la protección de las víctimas y las personas investigadas se ven dañadas. En palabras sencillas, es como si alguien abriera una caja cerrada y vendiera lo que hay dentro antes de que se resuelva lo que corresponde.
Hasta el cierre de esta nota no había una respuesta pública de la Fiscalía correspondiente sobre las acusaciones específicas de Derbez. La Fiscalía de la Ciudad de México y otras instancias encargadas de las carpetas de investigación tienen la responsabilidad de aclarar si hubo filtraciones, quiénes son los responsables y qué medidas se tomarán para evitar que se repita.
Especialistas en administración pública y derechos humanos han señalado que la venta de información ministerial no solo es una irregularidad administrativa, sino que puede constituir un delito y, en la práctica, funciona como una forma de extorsión que pone en riesgo la integridad de los procesos judiciales.
En el terreno público, la disputa entre una figura mediática y un periodista subraya la necesidad de reglas claras sobre el manejo de información sensible y de mecanismos que protejan tanto la presunción de inocencia como el derecho a la información veraz. La sociedad necesita saber qué pasó con la carpeta, quién filtró la información y qué sanciones habrá para quienes lucran con expedientes.
Vadhir pidió que se investiguen los hechos a fondo y que las autoridades actúen con transparencia. Para muchas personas, la prioridad es que el sistema de justicia funcione sin atajos ni negociaciones entre funcionarios y medios. De lo contrario, el daño se extiende más allá de una celebridad: erosiona la confianza colectiva en las instituciones.
Seguiremos dando seguimiento a las respuestas oficiales y a cualquier diligencia que la Fiscalía decida emprender. La sociedad tiene derecho a información clara y las instituciones a la obligación de rendir cuentas.
