Anabel hernández acusa omisión: pasaporte para «el mono» muñoz mientras EE. UU. lo buscaba
Ciudad de México. La periodista Anabel Hernández aseguró en Aristegui en Vivo que autoridades mexicanas habrían facilitado un pasaporte a quien se identifica como «El Mono» Muñoz Luévano en medio de investigaciones y señalamientos de su presunta participación en el tráfico de hidrocarburos, incluso cuando Estados Unidos lo tenía en su lista de interés.
Hernández, reconocida por sus investigaciones sobre corrupción y crimen organizado, afirmó que en lugar de vigilar los movimientos del sospechoso y coordinarse con las autoridades estadounidenses, las dependencias encargadas del control migratorio y expedición de documentos permitieron que se emitiera un pasaporte que facilitó su salida del país hacia España. La periodista pidió aclaraciones y llamó a que se investigue si hubo negligencia o complicidad institucional.
La denuncia pone el foco en dos problemas concretos que afectan a la vida cotidiana: por un lado, la debilidad de los controles migratorios y de identidad que permiten a personas buscadas por delitos moverse con facilidad; por otro, la persistente relación entre redes de robo o tráfico de hidrocarburos —el llamado huachicol— y operadores que, según Hernández, no han sido plenamente desmantelados.
Si se confirma que se emitió un pasaporte a una persona bajo sospecha y con alertas internacionales, estaríamos ante un fallo grave en los mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos, así como en la supervisión de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía. Hernández señaló que revisar expedientes, bitácoras de emisión de pasaportes y los cruces de información con bases internacionales es urgente.
Desde el ámbito institucional, la respuesta debe ser doble: transparencia inmediata sobre los hechos y acciones para corregir fallas. Esto implica publicar los criterios usados para expedir documentos oficiales, fortalecer los filtros de alerta migratoria y agilizar los canales de comunicación con agencias en el extranjero. Para la ciudadanía, significa entender que la seguridad pública y la justicia dependen también de controles administrativos que, a simple vista, pueden parecer técnicos pero tienen efectos directos en la vida diaria.
Hernández pidió que las autoridades competentes expliquen en público por qué se concedió el pasaporte y quién autorizó los trámites, y sugirió que la investigación incluya a funcionarios de las instancias relacionadas. También subrayó la necesidad de proteger a testigos y denuncias tempranas que permitan seguir la ruta del presunto delito sin poner en riesgo a quienes colaboran.
Esta historia vuelve a traer a la agenda pública la urgencia de políticas que combatan la impunidad y reforzar la cooperación internacional. No se trata únicamente de perseguir nombres, sino de cerrar las grietas administrativas que permiten que quienes presuntamente lucran con recursos del Estado o cometen delitos transnacionales escapen del escrutinio.
Mientras las autoridades mexicanas y sus contrapartes en Estados Unidos evalúan los pasos a seguir, la sociedad civil y los medios deben mantener la vigilancia y exigir resultados claros. Como subrayó Anabel Hernández en su intervención, la transparencia y la rendición de cuentas son la primera defensa contra la normalización de prácticas que socavan el Estado de derecho.
Fuente: Anabel Hernández, declaración en Aristegui en Vivo.
