Pensiones e intereses se llevan la mayor tajada: inversión en obras cae al mínimo en 10 años
La Secretaría de Hacienda estima que pensiones y pago de intereses absorberán más de 4 billones de pesos del presupuesto, mientras la inversión física pública retrocede a niveles que no se veían desde hace una década.
En números sencillos: una porción cada vez mayor del presupuesto federal se va en obligaciones ya comprometidas —pensiones y servicio de la deuda— y deja menos recursos para construir carreteras, escuelas, clínicas y obras que generan empleo local. Así lo muestran las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los datos sobre inversión pública del INEGI.
La SHCP calcula que este año las erogaciones por pensiones y el pago de intereses superarán los 4 billones de pesos. Es una cifra que no solo impresiona por su tamaño; significa que buena parte del gasto público está dziś «atado»: son compromisos de largo plazo que, si crecen, reducen la flexibilidad del gobierno para invertir en servicios y proyectos que la ciudadanía percibe en su vida diaria.
Al mismo tiempo, el INEGI reporta que la inversión física del sector público federal se ha contraído hasta ubicarse en su nivel más bajo en diez años. Eso se traduce en obras detenidas o pospuestas, menos contratos para empresas constructoras y menos empleos en la economía local, sobre todo en municipios que dependen de la obra pública para dinamizar su actividad.
¿Por qué pasa esto? Hay varias piezas que lo explican. Por un lado, el envejecimiento poblacional y las obligaciones pensionarias aumentan el gasto social estructural. Por otro, los costos por servicio de la deuda suben cuando las tasas de interés globales y locales se mantienen en niveles más altos, algo que el Banco de México ha monitoreado en sus reportes. Además, la combinación de ingresos públicos moderados y prioridades presupuestales rígidas obliga a recortar inversión en activo físico.
El resultado no es abstracto: imagina la plaza principal de un pueblo donde la calle que conecta al mercado se quedó sin pavimentar o la clínica local que necesita equipo nuevo. Ese tipo de proyectos suelen financiarse con inversión física federal y cuando esa partida se reduce, las comunidades lo sienten rápido.
Los analistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) subrayan que el desafío es de prioridades y diseño fiscal. Señalan que no se trata de elegir entre bienestar presente y futuro; se puede y se debe buscar una combinación que garantice pensiones justas, manejo responsable de la deuda y, al mismo tiempo, inversión pública productiva que impulse el empleo y el crecimiento.
Algunas salidas posibles, coinciden expertos consultados, pasan por aumentar la recaudación de manera progresiva y eficiente, combatir la evasión fiscal, revisar el esquema de pensiones para hacerlo sostenible y priorizar proyectos de inversión con alto impacto social y catalítico. También proponen mayor transparencia en la contratación de obra pública para asegurar que cada peso invertido rinda más.
Desde una perspectiva social y política, esto exige algo más que cambios técnicos: decisión pública y participación ciudadana. Cuando la ciudadanía exige cuentas y propone prioridades —vías seguras, escuelas dignas, hospitales equipados— se empuja a que el presupuesto responda a necesidades concretas y no quede ahogado por rubros ineludibles.
El reto es grande, pero no es inamovible. Hay margen para políticas públicas que compatibilicen la protección social con inversión en infraestructura y servicios. Lo que falta a veces es la voluntad de rediseñar prioridades y el diálogo entre gobierno, sociedad civil y expertos para que el dinero público rinda en beneficio de las mayorías.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, INEGI, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
