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Diez años de miedo: el país que nos fue arrebatado
Cómo la violencia institucional y los escuadrones estatales transformaron nuestras calles y la vida cotidiana
Han sido casi diez años de aguantar la respiración, de apretar la mandíbula y tragar saliva amarga. Esa sensación la comparto con vecinas y compañeros que crecieron aquí; la sentimos la mañana después de las elecciones de 2017 cuando comprendimos que muchas reglas que nos protegían ya no aplicaban. Lo que vino después no fue solo inseguridad: fue una normalización del odio, de la violencia cotidiana y de prácticas represivas atribuibles, en varios casos, a fuerzas vinculadas al Estado.
Los datos lo confirman y lo matizan. Según informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las tasas de homicidio y desaparición se mantuvieron en niveles alarmantes en los últimos años. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado casos que apuntan a ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y la impunidad que favorece la repetición de esos hechos. En México organizaciones de derechos humanos como el Centro Prodh y el Observatorio Nacional Ciudadano han alertado sobre el surgimiento de grupos irregulares con tolerancia o participación de autoridades locales.
En las colonias, en los pueblos y en las carreteras, la gente ha aprendido a medir horarios, a desconfiar de patrullas y a aceptar que el secuestro o el «levantón» puedan ser parte del paisaje. Familias enteras han organizado colectivos para buscar desaparecidos, documentar abusos y ejercer presión pública. Esas iniciativas, aunque necesarias, no reemplazan la obligación del Estado de garantizar seguridad con respeto a los derechos humanos.
No todo es oscuridad. Hay señales de avance institucional: reformas en materia de búsqueda de desaparecidos, algunos procesos penales por violaciones graves y la apertura de investigaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero siguen siendo parches ante un problema estructural. La recuperación de la confianza exige investigaciones independientes, protección efectiva a testigos y víctimas, y políticas públicas que prioricen prevención social, educación y empleos dignos.
Como periodista joven he visto el efecto en la cultura cívica: menor participación, miedo a denunciar, y a la vez, surgimiento de solidaridad. Esa solidaridad necesita marco legal y recursos. La sociedad civil, académicos y organismos internacionales insisten en la necesidad de verdad y reparación; así lo señalan informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch que he consultado para este texto.
Tenemos que recuperar el país mediante justicia y memoria. No basta con poner más patrullas si no transformamos las causas profundas que alimentan la violencia. La respuesta debe ser plural: fortalecer el tejido social, garantizar la independencia judicial, apoyar a colectivos de víctimas y apostar por políticas públicas que devuelvan oportunidades a las generaciones jóvenes.
Si algo nos dejó esta década es una lección dura: sin verdad, sin justicia y sin participación ciudadana no habrá paz duradera. La tarea es urgente y es de todas y todos.
Fuentes consultadas: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, INEGI, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Centro Prodh y Observatorio Nacional Ciudadano.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por La Jornada
