Familias buscadoras exigen disculpas del EZLN para retomar la búsqueda colectiva
Por un desencuentro sobre una reunión colectiva, la tensión entre las familias que buscan a sus desaparecidos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional mantiene paralizada la posibilidad de trabajo conjunto.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un intento de coordinar una reunión colectiva entre las familias buscadoras y autoridades de comunidades en áreas controladas por el EZLN terminó en un choque político y emocional que hoy deja a las familias a la espera de una disculpa que permita la reconciliación y la reanudación de las búsquedas.
Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el conflicto se originó cuando las familias propusieron un encuentro para organizar búsquedas y compartir información sobre personas desaparecidas. La propuesta, explican fuentes cercanas al proceso, fue interpretada por autoridades zapatistas como una injerencia en su autonomía, lo que derivó en acusaciones cruzadas y en la suspensión de cualquier actividad conjunta.
Las familias buscadoras, que desde hace años recorren comunidades, caminos y fosas para encontrar a sus seres queridos, denuncian que el impasse no es solo político: retrasa procedimientos forenses, retrasa la presencia de peritos y perpetúa la angustia. “Cada día que pasa es perder una posibilidad de recuperar a alguien”, dicen integrantes de los colectivos, citados por el Fray Bartolomé de Las Casas.
Por su parte, representantes del EZLN han planteado en comunicados que la propuesta de reunión debía pasar por sus propios mecanismos internos y autoridades comunitarias, y que la coordinación entre colectivos externos y zonas zapatistas necesita respetar formas de autogobierno y seguridad. El choque de agendas dejó expuestas diferencias sobre quién decide, cómo y cuándo se realizan las búsquedas.
La Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado de Chiapas han sido llamadas a mediar. Ambas instituciones, según testimonios recabados, han mostrado disposición a acompañar un proceso de conciliación que garantice protocolos forenses, seguridad y el respeto a los derechos de las familias y a la autonomía de las comunidades. Sin embargo, para muchos buscadores la primera condición para cualquier encuentro es una disculpa pública que reconozca los errores y alivie el conflicto.
El impacto humano es tangible: madres, hermanos y padres que han construido sus propias rutas de búsqueda vía colectivas ven truncado su trabajo. En términos prácticos, la falta de acuerdos impide planificar turnos para rastrear zonas, solicitar apoyo técnico para excavaciones y coordinar el traslado de restos para identificación. En palabras de una integrante del colectivo, reproducida por el Fray Bartolomé de Las Casas, “no se trata solo de protocolos, sino de humanidad”.
El caso también plantea preguntas sobre las políticas públicas en territorios con autonomía zapatista. ¿Cómo armonizar la responsabilidad del Estado de investigar desapariciones con el derecho de los pueblos a la autodeterminación? ¿Qué papel deben jugar las organizaciones sociales y las comisiones nacionales en mediaciones delicadas como esta? Expertos consultados por organizaciones civiles sostienen que se requieren canales de diálogo permanentes, respetuosos y con plazos claros para evitar que los conflictos sigan postergando hallazgos y justicia.
Organizaciones de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas han propuesto pasos concretos: una mesa de diálogo con facilitación externa, garantías de seguridad para las familias, la presencia de peritos independientes y un acuerdo público que incluya disculpas y compromisos verificables. Para las familias, el gesto simbólico de una disculpa puede abrir la puerta para volver a caminar juntas.
El desafío ahora es convertir la tensión en un puente. Reclamar disculpas no es solo un acto de reconocimiento del error, sino una herramienta para reparar confianza y priorizar la búsqueda de personas desaparecidas por encima de diferencias políticas. Si instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía de Chiapas logran acompañar un proceso limpio y transparente, hay posibilidades reales de que las excavaciones y las entrevistas se retomen y que las familias recuperen algo más que restos: la esperanza de respuestas.
Mientras tanto, las familias esperarán. Cada día de espera es una cuenta que pesa en la memoria colectiva y en el calendario personal de quienes no han dejado de preguntar dónde están sus desaparecidos. La reconciliación, apuntan las organizaciones civiles, debe llegar pronto, con hechos, no solo palabras.
