Firma vinculada a rocha cantú se adjudica contrato del tren maya pese a investigación por armas
Ciudad de México. Una empresa señalada como vinculada a rocha cantú y que, según investigaciones periodísticas, está bajo la lupa por permisos para el uso de armas, obtuvo recientemente un contrato relacionado con el Tren maya, informó Víctor Hugo Arteaga en Aristegui Noticias.
Arteaga explicó en Aristegui Noticias que una de las líneas de su indagatoria busca documentar cómo alianzas entre empresas de seguridad privada participan en licitaciones públicas, y en particular cómo se gestionan los permisos para portar y usar armamento. Esa dinámica, aseguró, tiene implicaciones directas para la seguridad de las obras y de las comunidades cercanas.
La adjudicación involucra servicios vinculados a la protección de infraestructura del proyecto del tren maya, administrado por Fonatur. La presencia de compañías con autorizaciones para portar armas en obras públicas plantea preguntas sobre controles, transparencia y responsabilidades: ¿quién supervisa esos permisos? ¿qué criterios se siguen para contratar seguridad privada en proyectos estratégicos? y ¿cómo se protege a la población frente a posibles abusos?
Para entender el alcance, basta pensar en ejemplos concretos: una empresa que custodia tramos ferroviarios y que además cuenta con permisos para armas está en contacto directo con comunidades, trabajadores y proveedores. Si no hay reglas claras y vigilancia independiente, el riesgo de excesos crece y la confianza ciudadana se erosiona.
Desde la perspectiva institucional, Fonatur y las autoridades correspondientes tienen la obligación de aclarar la naturaleza del contrato, los montos adjudicados y las condiciones en las que se otorgaron los permisos de armas. Ciudadanos y organizaciones sociales también demandan que se expliquen las relaciones societarias entre las empresas contratadas y cualquier funcionario o exfuncionario vinculado al proyecto.
La publicación de Arteaga en Aristegui Noticias coloca el foco en la necesidad de controles más estrictos: registros públicos accesibles, auditorías independientes y protocolos que prioricen la protección de derechos humanos. No se trata solo de cumplir con la ley, sino de garantizar que la seguridad en la vía pública y en obras federales no sea un terreno opaco donde se confunden intereses privados y responsabilidad pública.
En lo inmediato, especialistas consultados por este diario piden que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aclaren los criterios para otorgar permisos a personal de seguridad privada, y que la Secretaría de la Función Pública revise posibles conflictos de interés en la adjudicación.
La adjudicación llega en un momento en que la sociedad exige mayor transparencia en grandes proyectos de infraestructura. Para las comunidades afectadas, el tren maya no es solo un proyecto de transporte: es tierra, trabajo y convivencia. La entrada de empresas bajo investigación complica la relación entre obra pública y confianza ciudadana.
Ante esto, desde Aristegui Noticias y otras voces civiles se plantea una ruta: publicar todos los documentos de licitación y adjudicación, abrir audiencias públicas con representantes locales y establecer mecanismos de supervisión ciudadana. Son pasos concretos que pueden reducir la opacidad y fortalecer la rendición de cuentas.
Este diario seguirá solicitando respuesta a Fonatur y a las autoridades competentes para conocer la versión oficial sobre la adjudicación y los permisos. Mientras tanto, la ciudadanía tiene herramientas —como solicitudes de información y la presión pública— para exigir claridad. La infraestructura pública debe ser un bien común, no una caja cerrada donde se deciden destinos sin explicación.
Fuente: Aristegui Noticias y declaraciones de Víctor Hugo Arteaga.
