Magistrado destituido afirma que su denuncia llegó a la FGR un día después de críticas de Sheinbaum
El juez destituido aseguró que el Tribunal de Disciplina Judicial presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) un día después de las declaraciones públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre jueces que habrían liberado a personas detenidas en Colima. La denuncia, dijo el magistrado en una entrevista con Aristegui Noticias, llegó 24 horas después de que la mandataria señalara el problema.
En Aristegui Noticias el juez calificó la acción como una represalia y afirmó que su separación del cargo responde a presiones políticas más que a irregularidades probadas. Según su versión, la secuencia temporal entre la alusión pública de la presidenta y la apertura de la investigación disciplinaria es lo que permite hablar de un vínculo directo.
El Tribunal de Disciplina Judicial y la propia FGR no han emitido una postura pública que aclare el contenido de la denuncia ni los motivos exactos de la destitución al cierre de esta nota. Fuentes judiciales consultadas de manera informal señalan que los procesos disciplinarios buscan depurar malas prácticas, pero insisten en que deben respetarse las garantías de independencia judicial.
¿Por qué importa esto para la gente? Cuando la justicia se percibe influida por presiones externas, las decisiones sobre detenciones, libertad o sanciones pueden perder legitimidad. Una sentencia o una orden de arraigo dejan de ser sólo una resolución técnica y se convierten en un espejo de la salud institucional: si la ciudadanía siente que hay injerencias, la confianza en el sistema baja y la impunidad o la inseguridad se vuelven más difíciles de combatir.
El caso plantea preguntas concretas: ¿qué pruebas presentó el Tribunal ante la FGR? ¿Hubo garantías procesales para el juez destituido? ¿Se activaron mecanismos de revisión imparciales? La respuesta a estas dudas determina si se trata de disciplina legítima o de un mensaje disciplinario a otros juzgadores.
Las autoridades encargadas del tema deben transparentar plazos, motivos y evidencias. La vigilancia ciudadana y el escrutinio público ayudan a que los procesos no queden en la opacidad. Desde la sociedad civil y los órganos de defensa de la independencia judicial hay que exigir claridad y que, si hubo faltas, se sancionen conforme a derecho; y si hubo abusos, que se proteja al juez afectado.
Seguiremos la evolución de la investigación y pediremos a la FGR y al Tribunal explicaciones públicas. Mientras tanto, este episodio invita a reflexionar sobre cómo equilibrar la rendición de cuentas con la autonomía judicial para que la justicia funcione en beneficio de la comunidad.
Fuente: Aristegui Noticias; declaraciones del juez en entrevista pública.
