Cansadas de dilaciones, víctimas del caso Gutiérrez de la Torre piden fecha firme para audiencias
Valentina, Diana y Beatriz dijeron sentirse agotadas y vulneradas después de una nueva postergación en las audiencias vinculadas al exdirigente priista Gutiérrez de la Torre. En una entrevista con Aristegui Noticias explicaron que ya han entregado todas sus pruebas y que las constantes demoras no sólo retrasan el proceso, sino que les reabren heridas y minan su confianza en la justicia.
Las tres mujeres reclamaron que los aplazamientos han sido atribuidos a “situaciones relacionadas” con el exdirigente, sin que hasta ahora exista una fecha definitiva para que el caso avance. “Hemos presentado documentos, testimonios y peritajes; ya tocó tiempo de que el tribunal ponga fecha y se haga justicia”, dijo una de ellas durante la conversación con el equipo periodístico.
Los reiterados retrasos, explican especialistas consultados por este periódico, generan diversos efectos: desgaste emocional en las víctimas, dilación en la producción de pruebas y riesgo de que el proceso pierda celeridad. En términos sociales, la sensación de impunidad puede también desalentar a otras personas para denunciar, lo que repercute en la efectividad del sistema de protección a víctimas.
Fuentes judiciales consultadas de manera off the record señalan que las razones para posponer audiencias pueden ir desde la falta de notificaciones hasta cuestiones de agenda de las partes o recursos legales presentados por la defensa. Sin embargo, para las mujeres afectadas eso no compensa el costo humano de esperar sin una resolución concreta.
Desde un enfoque ciudadano, las víctimas pidieron medidas concretas: un calendario público y firme para las próximas audiencias, garantías de seguridad y protección para quienes participan en el proceso, y transparencia sobre las causas de cada aplazamiento. “No pedimos privilegios, pedimos que el trámite sea claro y rápido; vivimos con la carga de revivir lo ocurrido”, dijo otra de las denunciantes.
La Fiscalía y los órganos judiciales encargados del caso tienen la responsabilidad de garantizar un procedimiento ágil y respetuoso de los derechos de las víctimas. La obligación de la institución no es solo procesar, sino también reducir la revictimización que provocan los retrasos. Hasta el cierre de esta nota no se había informado una fecha definitiva por parte de las autoridades.
Este caso, seguido por medios como Aristegui Noticias, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de mecanismos que aceleren procesos sensibles sin sacrificar el debido proceso. Para lograrlo se requieren reglas claras sobre plazos, atención psicológica a las víctimas y supervisión ciudadana que evite la dilación como estrategia procesal.
La exigencia de Valentina, Diana y Beatriz es, en esencia, una petición de certidumbre: que la justicia deje de ser una promesa y se convierta en hechos concretos. La sociedad tiene la oportunidad de acompañar ese reclamo exigiendo a las instituciones calendarios claros y rendición de cuentas. Mientras tanto, las tres mujeres esperan una fecha firme para que el caso avance y se resuelva conforme a derecho.
Fuente: Aristegui Noticias.
