Oaxaca entra entre los ocho estados con más superficie agrícola; la mayoría trabaja sin remuneración
El Censo Agropecuario del INEGI sitúa a la entidad en el octavo lugar por superficie destinada a la agricultura; en el campo laboran 1.3 millones de oaxaqueños, de los cuales 1.2 millones no reciben pago.
Según datos del Censo Agropecuario 2020 del INEGI, Oaxaca se ubicó entre las ocho entidades federativas con mayor superficie agrícola del país. Es una noticia que pone en evidencia una paradoja: tener mucha tierra destinada al cultivo no siempre se traduce en ingresos ni en bienestar para quienes la trabajan.
En el estado laboran alrededor de 1.3 millones de personas en actividades agrícolas y rurales, pero casi 1.2 millones de esas personas lo hacen sin recibir una remuneración, lo que equivale a casi 92% de la mano de obra del campo. Ese dato, reportado por el INEGI, apunta a la extensión de la agricultura familiar y de autoconsumo, así como a la prevalencia del trabajo no asalariado en comunidades rurales.
En territorios como los Valles Centrales, la Mixteca y la Sierra Norte, la producción de maíz, frijol, café y agave convive con la práctica de parcelas pequeñas, el cultivo para consumo propio y economías complementarias. Para muchas familias, el campo es fuente de identidad y sustento, pero no siempre de salario estable ni de acceso a seguridad social.
El hecho de que Oaxaca figure entre los estados con más superficie agrícola abre oportunidades y retos. Por un lado, la base territorial puede servir para impulsar proyectos de agricultura sostenible, cadenas de valor locales y mercados para productores comunitarios. Por otro, obliga a políticas públicas que atiendan la precariedad laboral: acceso a crédito, asistencia técnica, programas de comercialización, seguros agropecuarios y esquemas de apoyo dirigidos a mujeres y jóvenes rurales.
Desde una perspectiva práctica, la mayor parte del trabajo agrícola no remunerado limita el acceso a servicios como salud laboral, pensiones y protección social, y reduce la capacidad de invertir en mejoras productivas. Mejorar la remuneración y las condiciones laborales en el campo no solo es una medida de justicia social, también impulsa la productividad y la seguridad alimentaria.
El reto para autoridades y organizaciones civiles es traducir la ventaja territorial en oportunidades reales: transformar superficie cultivable en proyectos productivos que generen ingresos dignos, mercado justo y calidad de vida para las comunidades rurales. Es una tarea que, como muestran los datos del INEGI, requiere combinar la política pública con el conocimiento local y la participación comunitaria.
Fuente: INEGI.
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