Comunidades indígenas de San Cristóbal piden justicia y seguridad tras el asesinato del sacerdote tsotsil
San Cristóbal de las Casas. Con la voz tajante y el temor como compañero, habitantes de comunidades tsotsiles salieron a las calles para exigir respuestas por el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez y denunciar el aumento de la amenaza de grupos delictivos en la región. Según La Jornada, familiares y vecinos reclaman investigaciones claras y medidas de protección inmediatas.
“No queremos vivir con miedo; queremos que nos digan la verdad y que nos protejan”, dijo una mujer de la comunidad, que pidió no ser identificada por seguridad. La movilización reunió a decenas de personas frente a oficinas municipales y en la catedral local, donde exigieron que las autoridades estatales y federales aceleren las indagatorias y brinden seguridad efectiva a las comunidades.
Los pobladores describen un clima de inseguridad que ha ido creciendo en los últimos meses: desplazamientos internos, extorsiones y presencia de personas armadas en caminos rurales. Para muchos, la muerte del padre Marcelo —quien ejercía su labor pastoral entre comunidades tsotsiles— fue la señal visible de un problema que ya se sentía en la vida cotidiana: escuelas con menos asistencia por miedo a salir, mercados que cierran temprano y familias que evitan transitar por carretera.
Las demandas de la comunidad mezclan reclamo y propuesta. Piden mayor despliegue policial con respeto a los derechos humanos, investigación independiente sobre el homicidio y programas de atención para víctimas y defensores de la cultura indígena. Organizaciones locales impulsan además mesas de diálogo para fortalecer la convivencia y prevenir la violencia a largo plazo.
Desde la esfera institucional, hasta el cierre de esta nota no había una versión oficial detallada que esclareciera responsables o móviles del crimen, según reportes locales. La falta de información alimenta la desconfianza. Para las familias, explicar lo ocurrido no es solo un trámite judicial: es la base para sanar y recuperar la normalidad en sus pueblos.
En San Cristóbal, la muerte de un párroco tsotsil conecta lo espiritual con lo social: las iglesias son lugares de encuentro, y cuando un referente así desaparece violentamente el impacto atraviesa la rutina. Como señala La Jornada, la reacción de la comunidad no es solo dolor, es también una exigencia de derechos —de seguridad, verdad y justicia— que el Estado está obligado a atender.
La exigencia ahora es doble: investigar con rigor y abrir canales de protección reales. Para que la memoria de Marcelo Pérez Pérez no quede en consignas, vecinos, organizaciones civiles y autoridades deben converger en acciones concretas que restablezcan confianza. Sin justicia efectiva, las comunidades seguirán viviendo con la sombra de la violencia.
Fuente: La Jornada; testimonios recabados en San Cristóbal de las Casas.
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