Maestros de la CNTE bloquean vías en Oaxaca para exigir auditoría por plazas
Oaxaca, 16 de octubre. La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a salir a las calles de Oaxaca para exigir una auditoría al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) por presuntas irregularidades en la asignación y venta de plazas docentes.
Dirigentes de la Sección 22 afirmaron que desde hace meses existen anomalías en los listados de ingreso y en la transferencia de plazas, por lo que pidieron a las autoridades una investigación clara y con resultados públicos. La movilización incluyó cierres de vialidades en puntos estratégicos de la ciudad capital y concentraciones frente a oficinas administrativas del IEEPO, lo que generó afectaciones al tránsito y retrasos en trámites escolares.
La demanda principal de la CNTE es que la auditoría abarque tanto los procesos de asignación de plazas como las posibles intermediaciones o ventas que hayan ocurrido. En su pronunciamiento, la Sección 22 pidió que la revisión sea realizada por instancias independientes y que, en caso de detectarse irregularidades, se inicie la correspondiente investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
Para la comunidad escolar, estas disputas tienen efectos concretos: directores y personal administrativo enfrentan retrasos en la regularización de contratos, y algunos pagos y trámites quedaron suspendidos mientras persisten las negociaciones. Padres de familia consultados en zonas cercanas a los bloqueos manifestaron preocupación por la continuidad de clases y por la transparencia en la contratación de docentes.
El conflicto entre la CNTE y las autoridades educativas no es nuevo en Oaxaca. La Sección 22 ha insistido históricamente en procesos públicos y escalables para la asignación de plazas, argumentando que sin transparencia se abre la puerta a clientelismos que perjudican la calidad educativa y la estabilidad laboral de los maestros. Por su parte, el IEEPO y el Gobierno del Estado han señalado en ocasiones anteriores la necesidad de diálogo para desactivar protestas y avanzar en soluciones institucionales.
En este episodio, representantes del gobierno estatal convocaron a mesas de trabajo para tratar el tema, según informaron fuentes oficiales. La CNTE aceptó, condicionando la negociación a la apertura de la auditoría y a la presentación de resultados preliminares en un plazo definido. Ambas partes señalan la disposición a dialogar, pero persisten tensiones sobre quién conducirá la revisión y qué alcance tendrá.
Qué está en juego
La disputa no se reduce a plazas y papeleo. Se trata de confianza pública en las instituciones educativas, de la estabilidad laboral de miles de maestros y del derecho de las comunidades a escuelas con personal idóneo. Un proceso de auditoría transparente puede servir para devolver certidumbre; uno opaco sólo agravaría la desconfianza social.
Qué proponen los maestros
La Sección 22 propone: apertura de padrones públicos de plazas, sanciones a responsables en caso de venta o tráfico de plazas, y mecanismos claros de ingreso y ascenso que eliminen intermediarios. También plantean que las fiscalizaciones sean acompañadas por representantes del magisterio, sociedad civil y autoridades independientes.
Qué pasos seguirían
Si el gobierno y el IEEPO aceptan una auditoría con participación externa y plazos concretos, es probable que las movilizaciones disminuyan. Si no hay consensos sobre metodología o transparencia, las protestas podrían intensificarse, con mayor impacto en la vida cotidiana de la capital y de las comunidades educativas del estado.
La situación exige dos cosas a la vez: que el Estado garantice el orden público y el derecho a la educación, y que atienda demandas legítimas de transparencia para evitar que plazas y cargos se conviertan en moneda de cambio. En ese punto coinciden tanto la Sección 22 como organizaciones ciudadanas que piden claridad.
Este medio continuará siguiendo la evolución del conflicto y documentando las respuestas oficiales del IEEPO, del Gobierno del Estado de Oaxaca y, en su caso, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
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