Playa en juego: autoridades señaladas por presunto despojo en la costa de Oaxaca
La franja costera de San Pedro Pochutla vuelve a encender alarmas. Según reportes de El Imparcial de Oaxaca, habitantes y activistas señalan al titular de Ordenamiento Territorial del municipio por intervenir terrenos en Tahueca, Zipolite, Salchi y Zapotengo, zonas que han sido históricamente reservorio de vida, turismo y tradición comunitaria.
En las playas afectadas, la disputa por la tierra no es solo un conflicto legal: es la amenaza de perder el sustento diario. Pescadores y prestadores de servicios turísticos cuentan que cambios en el uso del suelo, permisos y deslindes alteran el acceso a la playa, la pesca y la oferta turística que sostiene familias enteras. Un habitante de Zipolite resume la sensación: “se siente que nos van cerrando el paso, como si el mar nos lo fueran a quitar poco a poco”.
Las denuncias apuntan a prácticas de “intervención” en terrenos, un término que, en el lenguaje local, abarca desde trazos de división hasta la gestión de permisos y cambios en la clasificación de la tierra. El problema se agrava porque muchas parcelas son ejidales o comunales, con derechos colectivos que requieren procesos transparentes y consulta previa. Cuando esos procesos fallan o se saltan, la comunidad pierde no solo propiedad sino también memoria y control sobre su territorio.
Ante esta situación, el papel de las autoridades municipales y estatales es clave. La ciudadanía exige claridad: que se hagan públicos los planos, los permisos y las actas de sesión relacionadas con los terrenos en disputa, y que la Fiscalía y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) revisen las posibles irregularidades. La falta de información alimenta la desconfianza y favorece a quienes buscan beneficiarse del valor turístico de la costa.
Esta noticia no solo da cuenta de un conflicto puntual, sino de una tendencia. Donde hay playa y turismo, crece también la presión por la tierra. La respuesta debe ser doble: mecanismos claros de protección del territorio comunal y participación informada de la ciudadanía en decisiones públicas.
La ruta inmediata: transparencia en los procedimientos, auditorías independientes cuando haya sospechas y mesas de diálogo con representantes de la comunidad. Si queremos que la costa sea un bien común y no un botín, hace falta que las instituciones actúen con claridad y que la sociedad vigile y participe.
Reporta El Imparcial de Oaxaca. Nuestra redacción seguirá recabando versiones y documentos para ofrecer un seguimiento riguroso y cercano de este conflicto que afecta el pulso económico y social de la región.
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