Familias tsotsiles de Chenalhó acusan cobros, homicidios y que drogan a sus niños
Comunidades de Los Altos dicen estar “encapsuladas” por líderes señalados como del CJNG; piden protección y esclarecimiento
Chenalhó, Chiapas. — En un comunicado fechado el 5 de octubre, familias tsotsiles de una comunidad de Los Altos denunciaron que viven “encapsuladas” por grupos armados cuyos líderes identifican como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las familias, que difundieron además un registro audiovisual, acusan cobros sistemáticos —multas y pagos por municiones—, homicidios que no han sido denunciados oficialmente y la presunta administración de drogas a niños de la comunidad.
“Nos piden dinero, nos cobran por salir y entrar, y a los niños los tienen con sustancias para que no reclamen”, dicen los testimonios recogidos en el comunicado, que las propias familias hicieron llegar a organizaciones locales y a medios. La situación, relatan, ha convertido la vida cotidiana en una rutina de miedo: escuelas cerradas por temor, labores agrícolas interrumpidas y desplazamientos forzados dentro del municipio.
Organizaciones que trabajan en la región, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, han documentado desde hace años la presencia de grupos armados y la afectación a comunidades indígenas en Los Altos de Chiapas. Estos antecedentes, señalan especialistas y defensores, hacen urgente una investigación seria y con perspectiva de derechos humanos por parte de las autoridades estatales y federales.
Las acusaciones incluyen tres ejes: extorsión económica a las familias, exigencias para el abastecimiento de armas y municiones, y hechos de violencia extrema que no han sido reportados ante la Fiscalía. Según el comunicado del 5 de octubre, los asesinatos y las multas se manejan dentro de la propia estructura impuesta por los líderes armados, lo que deja a las familias sin canales seguros para denunciar.
Para las madres y padres afectados, el costo va más allá del dinero. “Es como vivir en una jaula, te quitan la paz y el futuro de los niños”, explica una madre en el documento. La acusación de que a menores se les suministran drogas agrava la crisis: se trata de un daño directo a la salud y a los derechos de la infancia que exige medidas urgentes de protección, atención médica y acompañamiento psicosocial.
Fuentes comunitarias piden a las autoridades municipales y a la Fiscalía General del Estado de Chiapas que actúen con prontitud y transparencia. También solicitan la intervención de mecanismos federales de protección a defensores y víctimas, así como el apoyo de organismos civiles para investigar y documentar los hechos sin revictimizar a las familias.
La presencia de grupos del crimen organizado en territorios indígenas no es un problema solo policial; erosiona la vida comunal, la autonomía y la confianza en las instituciones. Desde una perspectiva pública, especialistas consultados por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas insisten en combinar medidas de seguridad con políticas sociales: salud, educación y programas de reparación que atiendan tanto la emergencia como las causas estructurales que facilitan la impunidad.
Mientras tanto, las familias de Chenalhó insisten en mantener visible su situación: piden garantías para vivir sin miedo, la búsqueda y sanción de responsables y atención para los menores afectados. “No queremos venganza, queremos justicia y que los niños vuelvan a jugar sin peligro”, concluye el comunicado del 5 de octubre.
El llamado ahora es claro: que las autoridades rindan cuentas y actúen con rapidez, y que la sociedad y las organizaciones acompañen a las comunidades para que la protección y la verdad lleguen a Los Altos.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por Aristegui Noticias .
