Diez años después: la reforma que prometió transformar el IEEPO y no resolvió lo esencial
El decreto de 2015 para reordenar el sistema educativo oaxaqueño cumple una década en estancamiento. Persisten comisionados, dobles sueldos y la ausencia de evaluaciones docentes, denuncian actores locales.
En 2015 el gobierno federal y el estatal presentaron un decreto que, según sus promotores, vendría a limpiar y profesionalizar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Fue una promesa de orden: crear mecanismos de evaluación, acabar con plazas irregulares y terminar con redes de protección que beneficiaban a gestores y a ciertas dirigencias sindicales.
Una década después, el balance es disparejo. De acuerdo con una investigación de El Imparcial de Oaxaca, muchas de las críticas que motivaron el decreto siguen vigentes: hay comisionados sindicales que cobran salarios públicos sin regresar de sus comisiones, persisten casos de dobles percepciones y no se consolidó un sistema de evaluaciones docentes con alcance y legitimidad suficiente.
Lo que para la ciudadanía fue presentado como una reforma integral terminó parcialmente frenado por la resistencia social y la política. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras agrupaciones locales rechazaron medidas que vinculaban permanencia laboral con evaluaciones estandarizadas; en respuesta, hubo movilizaciones, plantones y negociaciones que diluyeron varias de las propuestas originales.
En la práctica, explican funcionarios y docentes consultados, la reforma chocó con realidades institucionales: la falta de capacidades administrativas locales para aplicar procesos de selección transparentes, vacíos legales que permitían simulaciones y la insuficiente supervisión ciudadana y anticorrupción. El resultado fue un parcheado del sistema, no su transformación.
Para las familias y niñas y niños de Oaxaca, esto tiene efectos concretos: autoridades educativas locales siguen con limitaciones para garantizar la estabilidad laboral, la evaluación pedagógica y la mejora efectiva de la enseñanza en zonas rurales e indígenas. La ausencia de evaluaciones rigurosas y acordadas con la comunidad educativa dificulta diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
La solución no es regresar a laberintos burocráticos ni imponer reformas sin diálogo. Es viable avanzar con transparencia, participación comunitaria y controles claros: publicar nóminas y comisiones, auditar plazas y sueldos, fortalecer la supervisión escolar y diseñar evaluaciones formativas que respeten contextos locales. Estas son propuestas que, según especialistas y actores sociales citados por El Imparcial de Oaxaca, podrían construir confianza y resultados.
Diez años después, la lección es clara: sin mecanismos democráticos de control y sin la participación real de docentes y comunidades, cualquier decreto corre el riesgo de convertirse en simulación. El reto actual es que las autoridades —estatales y federales— y la sociedad se comprometan a transformar lo que quedó a medias: transparencia, rendición de cuentas y evaluación con sentido formativo para mejorar la educación en Oaxaca.
Fuente: El Imparcial de Oaxaca
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
