Diez años después, la crisis del IEEPO sigue abierta
El decreto de 2015 que prometía transformar la educación en Oaxaca cumple una década sin resultados claros: persisten comisionados, pagos duplicados y la ausencia de evaluaciones docentes, denuncian docentes y especialistas.
Desde 2015 se anunció una intervención para limpiar y modernizar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). La promesa fue cambiar estructuras opacas, retirar a funcionarios que duplicaban tareas y someter a los docentes a procesos de evaluación con criterios técnicos. Diez años después, muchas de esas reformas están en espera, y lo que debía ser una solución acabou convertido en estancamiento, según reporta El Imparcial de Oaxaca.
Docentes consultados y organizaciones civiles dicen que la figura de los comisionados —personas que cobran del IEEPO pero realizan funciones políticas o sindicales— sigue latente. También hablan de percepciones dobles en plazas administrativas y de la práctica de no aplicar evaluaciones periódicas que permitan medir y mejorar la enseñanza. Para madres y padres de familia, esto se traduce en escuelas que no reciben acompañamiento pedagógico real y en recursos que no siempre llegan con transparencia.
Históricamente, Oaxaca ha sido punta de lanza en la disputa entre políticas educativas federales y la organización sindical local, la CNTE. Ese conflicto ayudó a enquistar acuerdos clientelares y a diluir el impacto de los decretos. Además, el entramado institucional entre gobierno estatal, federal y sindicatos ha complicado cualquier auditoría profunda que cambie de raíz la gestión.
Los efectos son concretos: sin evaluaciones y con plazas opacas, la contratación, ascenso y permanencia de personal se vuelve una caja cerrada. Esto afecta la calidad educativa de estudiantes que ya enfrentan brechas importantes por condiciones socioeconómicas y geográficas. Reformar papeles no alcanza si no se acompaña de seguimiento pedagógico, inversión en formación y mecanismos de participación ciudadana.
¿Qué hace falta ahora? Expertos y actores locales coinciden en que se requieren auditorías públicas, transparencia en las nóminas, la eliminación real de comisionados en funciones ajenas a la educación y la reactivación de procesos de evaluación con criterios de mejora profesional, no de castigo. También proponen fortalecer instancias de rendición de cuentas donde participen comunidades escolares y organizaciones civiles.
El Imparcial de Oaxaca documenta que la promesa de 2015 quedó en el papel para muchos. Corregirlo exige voluntad política sostenida, vigilancia ciudadana y que las autoridades presenten resultados verificables. La comunidad educativa no pide soluciones mágicas, sino medidas claras que pongan la mejora del aprendizaje y la justicia laboral por delante del interés político.
Mientras tanto, familias y docentes mantienen la demanda: que la educación deje de ser terreno de acuerdos opacos y vuelva a ser una apuesta pública por el presente y futuro de Oaxaca.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
