Diez años después, la simulación que dejó intacto al IEEPO
El decreto que prometía transformar la educación en Oaxaca cumple una década de estancamiento. Denuncian que los comisionados, los dobles sueldos y la falta de evaluaciones docentes siguen sin resolverse.
En 2015 se publicó un decreto que, en teoría, debía cambiar la manera en que se gobernaba el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Pasaron diez años y, según denuncias de docentes, organizaciones sociales y el seguimiento periodístico de El Imparcial de Oaxaca, muchas de las promesas quedaron en el papel: las estructuras de control no se desmantelaron, persisten comisionados sindicales en la nómina, hay casos de dobles percepciones y la evaluación docente sigue siendo una asignatura pendiente.
Para entender por qué casi nada cambió hace falta mirar tres piezas clave: los acuerdos políticos, la resistencia sindical y la debilidad institucional. Dirigentes de la Sección 22 y otros actores locales han sostenido que las reformas encontraron en la realidad oaxaqueña un entramado de prácticas y pactos que sólo se transforman con voluntad política sostenida. En paralelo, denuncias ciudadanas y reportes periodísticos han documentado irregularidades administrativas que no consiguieron sanciones contundentes ni auditorías completas.
La consecuencia concreta se siente en las escuelas: recursos que no siempre llegan a tiempo, carencias en formación docente y una enseñanza que difícilmente mejora si las reglas del sistema se aplican a medias. Es como pintar la fachada de una casa que sigue con vigas podridas; el cambio estético no garantiza seguridad ni calidad educativa.
¿Qué falta para que exista una verdadera transformación? Expertos y activistas consultados por diversos medios coinciden en varios puntos: transparencia en las nóminas, eliminación real de comisionados que cobran sin dar clase, mecanismos de evaluación docente con acompañamiento formativo y auditorías públicas y vinculantes. También apuntan a la necesidad de coordinación entre el gobierno estatal, la federación y las comunidades escolares, así como al respeto a la autonomía sindical sin impunidad.
El balance de la última década en Oaxaca muestra avances limitados y muchos retos. Como documentó El Imparcial de Oaxaca, el decreto quedó en gran medida en letra muerta por la combinación de intereses políticos y vacíos de fiscalización. La salida no es sencilla, pero sí posible: transparencia, participación ciudadana y políticas educativas que prioricen la enseñanza por encima de los acuerdos ocultos.
Si la educación es un bien público, su mejora exige vigilancia colectiva. Las familias, docentes y autoridades tienen frente a sí la tarea de convertir decretos en acciones concretas, para que las aulas no sigan pagando las facturas de una simulación que ya cumplió diez años.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
