Senado obliga a renunciar a pasaportes extranjeros para aspirar a la presidencia o gubernaturas
Ciudad de México. El Senado de la República aprobó este jueves un cambio que impone a quienes quieran contender por la Presidencia o una gubernatura la renuncia previa a cualquier otra nacionalidad. Si poseen otra, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro electoral y acreditar que el vínculo jurídico con el otro Estado dejó efectivamente de existir, dijo la bancada que presentó la propuesta.
Según el comunicado del Senado de la República, la reforma busca garantizar que los más altos cargos del Ejecutivo mexicano no tengan “vínculos jurídicos” con otros Estados al momento de asumir una candidatura. La medida fue aprobada en el pleno y ahora seguirá su trámite legislativo, que incluye la discusión en la Cámara de Diputados y, tratándose de cambios constitucionales, la ratificación por la mayoría de las legislaturas estatales.
Para la ciudadanía, la principal consecuencia es práctica: una persona con doble nacionalidad que pretenda registrarse como candidato deberá tramitar la renuncia ante el país extranjero y presentar pruebas de que esa relación legal ya no existe. Eso puede implicar procesos administrativos largos y costos legales, además de que abre un periodo de incertidumbre sobre qué documentos serán válidos ante la autoridad electoral.
Los promotores de la reforma argumentan que la exigencia defiende la lealtad institucional y evita conflictos de interés. Sus críticos, sin embargo, advierten que la medida puede excluir a millones de mexicanas y mexicanos que residen o nacieron en el exterior y que mantienen doble nacionalidad, en particular quienes tienen vínculos en Estados Unidos. También señalan el riesgo de que la norma reduzca la diversidad de candidaturas y disuada a perfiles con experiencia internacional de participar en la vida pública.
Este es un debate que toca dos planos: el legal, porque modifica requisitos electorales y constitucionales; y el social, porque afecta a familias y comunidades transnacionales. En la práctica, muchos mexicanos con otra nacionalidad enfrentan ahora la disyuntiva de renunciar a derechos y trámites en el extranjero para poder aspirar a cargos públicos en México.
La reforma deberá superar todavía varios pasos legislativos y, previsiblemente, revisiones judiciales. Organizaciones civiles y académicos ya han anunciado que vigilarán el proceso y evaluarán posibles impugnaciones si consideran que la norma vulnera derechos políticos o representa trato discriminatorio.
En este momento, el avance está documentado por el propio Senado de la República. Queda por verse cómo impactará en la competencia electoral, en la representación de los migrantes y en la percepción pública sobre quién puede gobernar en México.
¿Qué sigue? La iniciativa pasa a la Cámara de Diputados y, de ser aprobada, a las legislaturas estatales para su eventual reforma constitucional. Mientras tanto, la sociedad civil y los partidos tendrán oportunidad de participar en la discusión pública y presentar observaciones técnicas y sociales que orienten los siguientes pasos.
Fuente: Senado de la República.
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