Washington incluye a los mayos en lista negra y salpica al exesposo de la gobernadora de baja california
Washington, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones contra el grupo conocido como Los Mayos y señaló vínculos directos entre el cártel y Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California.
La OFAC señala que Carlos Torres mantuvo una alianza directa con el jefe de plaza de Mexicali para usar su influencia política a favor del cártel, facilitando operaciones y limitando la actuación de autoridades locales. En términos prácticos, las sanciones buscan congelar activos bajo jurisdicción estadounidense y cortar el acceso a la banca y al comercio internacional para las personas y entidades designadas.
Para la gente de a pie, esto puede traducirse en dos efectos inmediatos: primero, una mayor presión financiera sobre los responsables que podría complicar sus redes de apoyo; segundo, tensiones políticas locales, porque cuando la corrupción toca a círculos cercanos a quienes gobiernan se erosiona la confianza ciudadana. El señalamiento de OFAC no es una acusación penal en México, pero sí un documento que obliga a dar explicaciones y a abrir investigaciones profundas.
Las sanciones de la OFAC tienen antecedentes: buscan desconectar recursos y sancionar conductas que facilitan el crimen organizado. En este caso, el Departamento del Tesoro argumenta que la relación entre actores políticos y el jefe de plaza favoreció la impunidad del cártel en Mexicali. Esto obliga a las autoridades mexicanas a responder con diligencia y transparencia, y a que la sociedad pida cuentas claras.
Desde la perspectiva institucional, es necesario que la Fiscalía General de la República y las autoridades estatales revisen los señalamientos y, si procede, actúen con rapidez. La sociedad civil también juega un papel: exigir información, impulsar mecanismos de supervisión y proteger a quienes denuncian.
En términos prácticos, las sanciones complican operaciones financieras y comerciales del grupo y de sus aliados. Pero no son una solución mágica: para que haya cambios reales se requieren investigaciones locales sólidas, fortalecimiento institucional y políticas públicas que reduzcan la vulnerabilidad social que alimenta al crimen organizado.
La noticia abierta por la OFAC es un llamado a la transparencia y a la participación ciudadana. Es momento de preguntar, de exigir investigaciones claras y de empujar por medidas que protejan a las comunidades de Baja California, que merecen seguridad y gobierno responsable.
Fuente: Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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