Oaxaca de Juárez, Oax.– El escándalo por los “aviadores” en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) escaló al Congreso de la Unión, donde el Partido del Trabajo (PT) solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar el manejo de más de 123 mil 700 millones de pesos destinados a la nómina educativa de la entidad.
De acuerdo con información publicada por La Jornada, la diputada federal petista Martha Aracely Cruz Jiménez presentó un punto de acuerdo para que la ASF realice una auditoría integral a los recursos que Oaxaca ha recibido desde 2023 a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
La exigencia surge en medio de la polémica desatada por la aparición en la nómina del IEEPO de funcionarios y exfuncionarios vinculados al Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, quienes cobraban salarios con cargo al sector educativo.
El caso golpeó directamente a la administración del instituto y derivó en la salida de su director general, Emilio Montero Pérez, quien anteriormente gobernó Juchitán y presentó su renuncia al IEEPO en medio de los cuestionamientos por el manejo de la nómina.
La crisis se agudizó después de la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, hecho que colocó bajo mayor escrutinio político a funcionarios y personajes relacionados con el grupo que ha gobernado ese municipio del Istmo de Tehuantepec.
Según La Jornada, la legisladora del PT pidió revisar el destino de los recursos del FONE y determinar si existieron irregularidades en la asignación de plazas, salarios y otros beneficios dentro del sistema educativo oaxaqueño.
Cruz Jiménez planteó además que, si la fiscalización detecta conductas constitutivas de delito, se presenten las denuncias correspondientes contra los servidores públicos involucrados y se recuperen los recursos que hayan sido utilizados de manera irregular.
La solicitud coloca ahora la lupa sobre uno de los mayores flujos de recursos federales que recibe Oaxaca: el dinero destinado al pago de maestros y trabajadores del sistema educativo.
El caso también abre un nuevo frente político para el Gobierno del Estado, pues una eventual auditoría de la ASF abarcaría recursos ejercidos desde 2023, ya durante la administración de Salomón Jara Cruz.
Con la petición presentada en el Congreso federal, el escándalo de los “aviadores” deja de ser únicamente un asunto interno del IEEPO y podría convertirse en una revisión de mayor alcance sobre el manejo de la nómina educativa y los recursos federales ejercidos en Oaxaca durante los últimos años.
