Anabel hernández llama a frenar la narcocracia tras recibir amenazas
Ciudad de México. La periodista Anabel Hernández denunció públicamente que ha recibido amenazas de arresto y amenazas de muerte tras su trabajo de investigación sobre el poder del narcotráfico en instituciones públicas. Hernández, conocida por libros como Los señores del narco, advirtió que lo que define hoy al país es una «narcocracia» donde redes del crimen organizado se infiltran en lo político, lo económico y lo judicial.
Según declaraciones de Anabel Hernández a este medio y a organizaciones de defensa de la libertad de prensa, las intimidaciones buscan acallar investigaciones que muestran vínculos entre actores públicos y grupos delictivos. La periodista pidió protección y responsabilidad a las autoridades para garantizar su seguridad y la de quienes investigan corrupción y violencia.
Organizaciones internacionales y nacionales como Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas han documentado en los últimos años un aumento de la agresión contra reporteras y reporteros en México. Esas organizaciones exigen protocolos efectivos de protección y una investigación independiente cuando las amenazas provienen de actores vinculados al crimen o la política.
El fenómeno que denuncia Hernández no es solo un problema de seguridad individual: afecta la vida cotidiana de las comunidades, erosiona servicios públicos y debilita el acceso a la justicia. Cuando el narcotráfico penetra instituciones, las decisiones que deberían proteger escuelas, hospitales y vecindarios terminan subordinadas a intereses opacos. Hernández lo resume con una imagen clara: «es como podar un árbol podrido; si no arrancamos la raíz, volverá a brotar».
Frente a esa realidad, la periodista convocó a la sociedad civil a organizarse: pidió apoyo a colectivos de periodistas, a universidades, a organismos de derechos humanos y a votantes para exigir transparencia, rendición de cuentas y medidas reales de protección. También instó a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Gobernación a activar mecanismos de protección y a investigar sin demora las amenazas.
Desde una postura informada y crítica, Anabel Hernández plantea dos prioridades concretas: primero, fortalecer y financiar de verdad los mecanismos de protección para periodistas y defensores; segundo, impulsar investigaciones independientes —con participación ciudadana y supervisión internacional si hace falta— sobre los vínculos entre poder y crimen organizado. Sin investigación y sanción, la impunidad sigue siendo combustible para la violencia.
Este llamado abre preguntas que tocan a todos: ¿qué tanto estamos dispuestos como sociedad a exigir instituciones fuertes y transparentes? ¿Cómo proteger a quienes nos cuentan lo que ocurre? Las respuestas pasan por participación ciudadana, por apoyar a organizaciones como Artículo 19 y por presionar a autoridades a cumplir con su obligación de proteger la vida y el derecho a informar.
La denuncia de Anabel Hernández no es solo suya: es un recordatorio de que el periodismo independiente es un bien público. Defenderlo implica cambios institucionales, pero también solidaridad cotidiana: acompañamiento público a las investigaciones, apoyo legal y visibilidad para reducir la soledad y el riesgo de las y los periodistas que exponen lo que muchos prefieren esconder.
Este reportaje recoge declaraciones de Anabel Hernández y documentos públicos de organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
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