Denuncian que IEEPO canaliza recursos a operadores de Montero y Quetu
Oaxaca — Acusan que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) estaría destinando salarios y plazas para sostener a operadores políticos vinculados a Montero y Quetu, según un reportaje de El Imparcial de Oaxaca. En los documentos revisados figura con frecuencia el puesto de Coordinador de proyectos y servicios culturales con un salario bruto mensual de 17,559 pesos, una ficha que repetidamente aparece en la nómina como constante.
La denuncia plantea una pregunta simple: si esos puestos son reales, ¿están cumpliendo funciones educativas o sirven para mantener redes de apoyo político? Para las familias y docentes, la diferencia importa. Los recursos públicos destinados a la educación deben reflejarse en aulas, programas y materiales, no en sueldos que no tienen una justificación pública clara.
El señalamiento de El Imparcial de Oaxaca se apoya en listados de plazas y remuneraciones que, según el mismo medio, muestran coincidencias en cargos y montos que beneficiaría a personas cercanas a los ambientes políticos de Montero y Quetu. Si se confirma, se trataría de una práctica que erosiona la transparencia y desvía fondos que deberían fortalecer la enseñanza en municipios con necesidades educativas urgentes.
Desde la lógica ciudadana: cuando el dinero público se usa para sostener operadores en lugar de escuelas y maestros, la comunidad pierde. Los efectos no siempre son visibles de inmediato, pero se sienten en menos materiales, en plazas docentes sin cubrir y en programas culturales que se cancelan.
Las autoridades responsables de la administración y supervisión de recursos públicos —tanto el propio IEEPO como los órganos estatales de fiscalización— tienen la obligación de aclarar estos señalamientos con documentación abierta y respuesta puntual. La transparencia no es un lujo; es la garantía de que los recursos educativos cumplen su propósito.
Acciones concretas que la sociedad puede exigir: acceso a nóminas completas y actualizadas, auditorías públicas sobre plazas y funciones, y la publicación clara de los criterios de contratación de personal para proyectos culturales y educativos. También es importante que organizaciones civiles y colectivos docentes impulsen solicitudes de información y, de ser necesario, denuncias formales ante las instancias competentes.
Este caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de vigilar cómo se asignan recursos en educación. Más allá de nombres y cargos, está en juego el derecho de niñas, niños y jóvenes a una educación de calidad. La comunidad oaxaqueña merece respuestas y, sobre todo, que los recursos públicos se traduzcan en mejoras tangibles en las escuelas.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
