Familias de Ayotzinapa exigen a la Corte que investigue la presencia de 17 normalistas en celdas de Iguala
Esta semana los padres y madres sostuvieron que autoridades federales confirmaron la versión sobre detenciones en la policía municipal; piden que la investigación sea abierta y profunda
Familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa volvieron a colocar su reclamo frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta semana, Melitón Ortega, tío del estudiante Mauricio Ortega, aseguró que autoridades federales ratificaron a las familias la información de que 17 de los normalistas estuvieron en las celdas de la Policía Municipal de Iguala la noche de su desaparición, una línea que reclaman sea investigada a fondo.
La denuncia reabre preguntas que permanecen abiertas desde 2014: quiénes detuvieron a los jóvenes, qué ocurrió en las instalaciones municipales y por qué las averiguaciones no han arrojado aún una verdad plena. Organizaciones como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) han documentado irregularidades en las investigaciones previas, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Centro Prodh han acompañado a las familias en sus acciones legales y de memoria.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha sostenido distintos avances procesales, pero para los padres y madres esos pasos son insuficientes. “No queremos piezas sueltas, queremos la historia completa”, dijo un familiar durante la comparecencia, y resumió el sentir de una comunidad que ve en la justicia la única posibilidad de cerrar una herida que sigue sangrando.
El reclamo no es sólo por castigo a responsables: es por verdad, por reconocer el sufrimiento y por medidas que impidan que incidentes similares se repitan. En ese sentido, las familias solicitan acceso irrestricto a las actas, bitácoras y video cámaras municipales, la revisión forense de los espacios señalados y la comparecencia de exfuncionarios locales y federales que puedan aportar datos.
El país enfrenta un reto institucional: recuperar la confianza en el sistema de justicia. Para lograrlo, las autoridades federales y la FGR deberán explicar con pruebas cómo vinculan la presencia de esos 17 normalistas con las líneas de investigación y permitir la participación independiente que pidan las familias y organizaciones como el GIEI y el EAAF.
Más allá de los tribunales, la exigencia de los padres y madres de Ayotzinapa interpela a la sociedad. La memoria colectiva, sostienen, no sólo busca castigo sino también reformas que protejan a estudiantes, luchadores sociales y comunidades. Como dijo un defensor de derechos humanos consultado por este periódico, citado desde el trabajo de Centro Prodh: “La verdad es un requisito para la paz social”.
Las próximas audiencias en la Corte y las respuestas que den la FGR y otras instituciones marcarán si el camino hacia la justicia se acelera o si las familias deberán seguir empujando, con paciencia y con voz, para que la herida deje de abrirse cada vez que se pide rendición de cuentas.
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