Normalistas lanzan artefactos contra el 27 Batallón tras mitin por los 43
Chilpancingo, Guerrero — Tras un mitin encabezado por madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa arrojaron artefactos de fabricación casera hacia el interior de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, una edificación militar que ha sido señalada en distintas investigaciones por su posible vínculo con la desaparición de los jóvenes en 2014, informaron medios nacionales y agencias internacionales.
Según reportes de La Jornada y de la agencia AFP, la protesta —que tenía como objetivo exigir avances en las investigaciones y respuestas claras del Estado— terminó en tensión cuando varios jóvenes lanzaron cohetones y objetos contra las bardas del cuartel. No se reportaron heridos en el momento, de acuerdo con las mismas fuentes, aunque fuentes locales señalaron daños menores en la fachada.
El 27 Batallón ha sido mencionado en distintas pesquisas y testimonios relacionados con el caso Ayotzinapa. Organizaciones de derechos humanos y familiares han insistido durante años en la necesidad de una investigación más amplia sobre la posible responsabilidad o conocimiento de elementos castrenses. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y periodistas que han seguido el caso han documentado señalamientos que mantienen viva la exigencia de verdad y justicia, según informes consultados por este periódico.
En el mitin, las madres y padres reafirmaron su demanda de esclarecimiento total y criticaron la lentitud de las autoridades. “Venimos por la verdad, no por más promesas”, dijeron familiares a periodistas de La Jornada, que cubrieron la movilización. Tras la protesta, autoridades militares no emitieron de inmediato una versión detallada del incidente; fuentes consultadas por AFP apuntaron que se abrió un registro interno para evaluar los daños.
El episodio reactiva la tensión entre colectivos estudiantiles y las fuerzas armadas, y plantea preguntas sobre la estrategia de la protesta. Para algunos analistas citados por medios locales, el ataque simbólico a la instalación busca mantener la presión pública sobre las instituciones que, en opinión de familiares y organizaciones civiles, no han colaborado de manera plena con las investigaciones.
Este periódico consultó a organizaciones de derechos humanos que han seguido el caso Ayotzinapa. Coinciden en que la protesta forma parte de un ciclo de demandas que busca evitar que el caso se diluya en la agenda pública. Al mismo tiempo, pidieron a las partes evitar la escalada de violencia y proteger a la población civil, así como garantizar la integridad de las familias que han sufrido la desaparición forzada.
Desde una perspectiva ciudadana, el episodio muestra el desgaste de la confianza en las instituciones. Las familias exigen respuestas concretas: identificación de responsables, acceso a archivos militares relacionados con la noche de Iguala y medidas de protección para testigos. Organizaciones como Proceso y La Jornada han documentado el reclamo constante de las víctimas por la apertura de archivos y por una investigación independiente.
La sociedad enfrenta dos retos claros: que las protestas legítimas por la verdad no deriven en enfrentamientos que pongan en riesgo a terceros, y que las autoridades respondan con investigaciones claras y verificables. En este sentido, activistas consultados por este medio responsabilizan a las instancias competentes de ofrecer rutas de diálogo que permitan avanzar en las pesquisas y, a la vez, atender la exigencia de justicia social que subyace en las movilizaciones.
Mientras tanto, las madres y padres anunciaron que mantendrán movilizaciones y exigencias públicas hasta obtener respuestas satisfactorias. Este diario mantendrá seguimiento del caso y de cualquier pronunciamiento oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General y organismos de derechos humanos.
Fuente: reportes de La Jornada y AFP; entrevistas y documentos de organizaciones de derechos humanos consultados por este periódico.
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