Juchitán de Zaragoza, Oax.— Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, conocido como “Miguel Quetu”, fue detenido este miércoles durante un operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales, en medio de investigaciones relacionadas con grupos delictivos que operan en el Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con información difundida hasta el momento, las indagatorias tendrían al menos otros diez objetivos en la región, entre los que se encontrarían servidores públicos vinculados con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Hasta ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido un comunicado en el que precise los delitos que se atribuyen al edil, el fundamento de su detención o su situación jurídica. Tampoco existe información oficial sobre la identidad de las demás personas que estarían bajo investigación.
La detención ocurre meses después de que Sánchez Altamirano y el director general del IEEPO, Emilio Montero Pérez, fueran señalados públicamente por el periodista Ernesto Rojas Ayuzo por presuntos vínculos con integrantes de un grupo criminal que opera en el Istmo.
Los señalamientos surgieron después del asesinato de una familia ocurrido el pasado 26 de marzo en la agencia municipal de La Venta, Juchitán, en el que también murió una menor de edad. Tras la captura de presuntos implicados en ese crimen, Rojas Ayuzo difundió versiones según las cuales los detenidos habrían señalado supuestos vínculos y protección de actores políticos de la región.
Tanto Miguel Sánchez Altamirano como Emilio Montero Pérez rechazaron entonces las acusaciones. En posicionamientos públicos calificaron los señalamientos como falsos, dolosos e infundados y sostuvieron que formaban parte de una campaña con motivaciones políticas.
La detención del alcalde abre ahora una nueva etapa en las investigaciones que desarrollan autoridades estatales y federales en el Istmo. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado que las acusaciones difundidas previamente contra Sánchez Altamirano formen parte de la causa que motivó su captura.
Asimismo, versiones extraoficiales señalan que las investigaciones alcanzarían a servidores públicos relacionados con el IEEPO, aunque no se han dado a conocer nombres ni se ha confirmado la existencia de órdenes de aprehensión adicionales.
Será la FGR la que deberá precisar los delitos investigados, la situación jurídica del presidente municipal y si las indagatorias incluyen a funcionarios del Gobierno de Oaxaca o del IEEPO.
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