Uno de cada ocho migrantes en el mundo es menor de edad
Un estudio de Ayuda en Acción y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) de la OEA revela que las niñas, niños y adolescentes representan cerca del 13% de la población migrante global y hasta el 25% en América Latina y el Caribe.
La cifra es simple y dura: casi 13 de cada 100 migrantes en el planeta son menores de 18 años. En nuestra región la proporción es aún mayor: una de cada cuatro personas que se desplazan pertenece a la infancia o adolescencia, según el estudio «Infancias en movilidad humana» de Ayuda en Acción y el IIN de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Detrás del porcentaje hay rostros y trayectos: familias que huyen de la violencia o la pobreza, adolescentes que viajan solos buscando oportunidades, niñas separadas de sus redes de apoyo. El informe advierte que esos menores enfrentan riesgos específicos —explotación, trata, interrupción escolar, barreras para acceder a salud y a documentación— justamente cuando deberían tener garantía de protección y derechos básicos.
La OEA y las organizaciones que participaron en el estudio piden mirar el fenómeno con lentes de infancia: políticas públicas que prioricen la protección, mecanismos de registro y reunificación familiar, atención psicosocial y continuidad educativa. En palabras sencillas, no se trata solo de mover cuerpos de un lugar a otro, sino de asegurarse de que quienes migran siendo niños sigan teniendo oportunidades para aprender, crecer y recuperarse del trauma.
En México, país de origen, tránsito y destino, el reto es doble. Las autoridades deben coordinarse con actores locales y la sociedad civil para ofrecer rutas seguras y servicios accesibles. Las escuelas, por ejemplo, pueden ser puntos clave de inclusión si se les dota de recursos para recibir a estudiantes en movilidad; los sistemas de salud, si eliminan barreras administrativas, evitan que una enfermedad se vuelva crisis.
La metáfora es útil: imaginar a la migración como un río. Si no ponemos presas de protección, los más pequeños quedan a la deriva entre rápidos de riesgo. Las políticas públicas pueden ser esas compuertas que dirijan recursos y atención hacia las orillas donde hay menores vulnerables.
No todo es pesimismo. El estudio también recoge experiencias de programas que funcionan: centros de atención integral, programas educativos flexibles y atención comunitaria que recuperan la continuidad de la vida escolar y reducen la exposición a la violencia. Sin embargo, los autores insisten en que son necesarias más inversiones y voluntad política para escalar estas prácticas.
La invitación es clara y colectiva: gobiernos, organizaciones y comunidades tienen que transformar la alarma en acciones concretas. Proteger a la infancia migrante no es solo una obligación legal; es una inversión en futuro. Cuando un niño o adolescente pierde años de escuela o atención médica, perdemos todos: menos justicia, menos oportunidades, más vulnerabilidad social.
Para quienes lean esto en su barrio o colonia, la noticia tiene un componente doméstico: apoyar programas locales, exigir transparencia en el uso de recursos públicos destinados a la infancia, y ofrecer redes vecinales de apoyo son pasos prácticos que marcan la diferencia. Como señala el informe de Ayuda en Acción y el IIN-OEA, no basta con contar cifras: hace falta un compromiso sostenido para que la migración no sea, para tantos menores, sinónimo de peligro y pérdida.
Fuente: Ayuda en Acción y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) de la Organización de los Estados Americanos.
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