Policía refuerza presencia en los chimalapas tras vencimiento de plazo de zoques
Negociaciones en la congregación de Díaz Ordaz y acusaciones contra Chiapas agudizan la tensión en la región
Un operativo policial rodeó esta semana la zona de los Chimalapas, en la región Istmo de Oaxaca, luego de que comuneros zoques señalaran el vencimiento de un plazo para retirar a presuntos ocupantes. Reportes locales y testimonios recabados por El Imparcial de Oaxaca describen un ambiente de tensión y un “blindaje” en caminos y accesos a comunidades rurales.
Elementos de distintas corporaciones se desplegaron en puntos estratégicos mientras se desarrollaban mesas de diálogo en la congregación de Díaz Ordaz, donde autoridades municipales, representantes comunales y delegados estatales intentaron contener el conflicto. Comuneros consultados por este periódico relataron que la presencia policiaca fue interpretada por muchos como una medida para evitar confrontaciones mayores, aunque también como una presión sobre las comunidades indígenas.
“Pusieron un cerco alrededor de nuestro monte; no sabemos si es para protegernos o para vigilarnos”, dijo un comunero que pidió no ser identificado. Familias describen miedo a salir a sus parcelas y reportan que escuelas y mercados han reducido su actividad por la incertidumbre. El impacto es directo en la vida cotidiana: la siembra, la recolección y el trabajo forestal se ven afectados cuando el acceso queda restringido.
El conflicto en los Chimalapas no es nuevo. Durante décadas comunidades zoques han disputado territorio con personas y grupos que, según denuncias, han ingresado para ampliar potreros, talar o colonizar nuevas áreas. Fuentes consultadas por El Imparcial de Oaxaca y autoridades locales advierten que la participación de actores y autoridades de Chiapas ha atizado el diferendo, aunque versiones oficiales hablan de intentos de mediación interinstitucional.
En Díaz Ordaz, las conversaciones buscaron desactivar el conflicto antes de que se registraran enfrentamientos. Voces sociales pidieron la intervención de instancias federales para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos originarios y acelerar procesos de delimitación territorial que llevan años pendientes. Organizaciones civiles señalaron la urgencia de acciones combinadas: protección comunitaria, investigación penal cuando haya invasiones y políticas de desarrollo sustentable para mejorar la economía local sin destruir el bosque.
Especialistas en conflictos agrarios consultados sostienen que la solución pasa por tres pasos claros: clarificar límites y derecho sobre la tierra, garantizar seguridad sin criminalizar a las comunidades y abrir canales de diálogo con acuerdos verificables. Sin estos elementos, advierten, los operativos pueden convertirse en medidas temporales que no resuelven la raíz del problema.
Mientras tanto, líderes comunitarios insisten en que la paz en los Chimalapas depende de decisiones que respeten su autonomía y sustento. “No queremos conflicto; queremos reglas claras y que se cumplan”, dijo otra comunera. Organizaciones sociales y autoridades locales apremian a la Secretaría de Gobernación y a las instancias de justicia a atender el caso con celeridad y con enfoque en derechos humanos.
La jornada deja en claro que, más allá de los despliegues policiales, lo que está en juego es la vida de comunidades que viven del bosque y que necesitan soluciones estructurales. El Imparcial de Oaxaca continuará siguiendo las negociaciones en Díaz Ordaz y los movimientos oficiales en la región para documentar los avances y riesgos que enfrentan los Chimalapas.
Contenido y material gráfico conforme a lo difundido por El imparcialoaxaca .
